En la más reciente sesión del concejo, el Secretario de Hacienda Gonzalo Gutiérrez Díaz Granados expuso la grave situación financiera de Santa Marta, revelando deudas multimillonarias, riesgos judiciales y problemas económicos que podrían desencadenar un colapso financiero en el Distrito.
La sesión del concejo de Santa Marta este miércoles se convirtió en un escenario crítico donde se desentrañaron los oscuros secretos de las finanzas del distrito. Con la presencia del Secretario de Hacienda Gonzalo Gutiérrez Díaz Granados, los concejales Enrique González, Pedro Gómez, Juan Carlos Palacio, Osvaldo Socarrás, José Ordoñez, Alejandra Santos, el presidente del concejo José Manuel Mozo, entre otros, la realidad económica de la ciudad fue revelada sin reservas.
Finanzas desglosadas: La cruda realidad
El concejal Enrique González abrió la sesión planteando la necesidad de citar al comité de empalme para obtener un panorama claro de las finanzas distritales. Argumentó que, dado el estado financiero, era crucial establecer una ruta de trabajo para la nueva administración. El concejal Pedro Gómez agregó su preocupación, destacando lo “traumático” del proceso de empalme y criticando la gestión pasada de la Hacienda en el distrito.
La intervención del Secretario de Hacienda inició con un sombrío panorama. Según el Departamento Nacional de Planeación (DPN), Santa Marta se clasifica como una zona de riesgo fiscal entre las capitales del país. En el índice de desempeño fiscal, la ciudad ocupa el puesto 24 de 32, demostrando la complejidad de la situación financiera.
Detalles de la deuda: Un desfile de cifras desalentadoras
El Secretario presentó un análisis detallado de la deuda al cierre del 2023. La nueva administración se encontró con una deuda de 36.32 mil millones de pesos en cuentas por pagar de destinación específica. Las deudas en cuentas por pagar de recursos propios ascendieron a 63.22 mil millones, junto con reservas presupuestales por 14.84 mil millones. Además, se señaló una deuda de 17.29 mil millones relacionada con el Sistema Estratégico de Transporte Público. En conjunto, la deuda alcanzó la abrumadora cifra de 95.36 mil millones de pesos al cierre de diciembre de 2023, con saldos propios en el banco apenas superando los 5.18 mil millones.
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Desafíos adicionales: Embargos y contingencias judiciales
El Secretario expuso embargos acumulados entre 2020 y 2023, alcanzando los 143.62 mil millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 43.77 mil millones, dejando un saldo pendiente de 99.85 mil millones. Este escenario se agrava con 386 procesos en riesgo muy alto de pérdida y 949 procesos en riesgo medio, totalizando más de 405 mil millones en juego.
Los concejales, uno a uno, expresaron sus inquietudes. Enrique González preguntó sobre los alivios tributarios en diciembre, Pedro Gómez resaltó las sanciones pecuniarias y multas, mientras que Juan Carlos Palacio alertó sobre un embargo de 1.5 mil millones a la corporación, abogando por la importancia del catastro.
Osvaldo Socarrás enfatizó la necesidad de atraer empresas generadoras de empleo e insistió en que la deuda debe dirigirse a la inversión, no al gasto. Pidió la actualización del estatuto tributario. José Ordoñez exigió responsabilidades penales, respaldado por Alejandra Santos.
La intervención del presidente del concejo, José Manuel Mozo, desató una disputa sobre compromisos financieros previos. A raíz de sus aseveraciones en las que tildaba la situación financiera del distrito como ‘catastrófica y en quiebra’, el concejal Juan Carlos Palacio le recordó que juntos comprometieron recursos en el 2023. La tensión creció cuando este mencionó que se se cuestionaron los 100 mil millones que se utilizaron en la problemática de erosión en Playa Salguero y los colectores de la ciudad, afirmando que, en ese momento, Mozo veía las finanzas como manejables, pidiendo coherencia y consecuencia.
Este enfrentamiento de opiniones en la sesión del concejo desató respuestas de otros concejales, como Miguel Martínez quien le dijo al concejal Palacio que, si él firmó en repetidas ocasiones por un proyecto que no se realizó, entonces fue engañado por la anterior administración y se debe dejar de buscar culpables, y por el contrario, empezar a trabajar en pro de la ciudad.
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LA CIFRA: 585.468.550.519.00 es el total de las contingencias judiciales que presentó la oficina jurídica del Distrito.
