Por unanimidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en los hechos que rodearon la desaparición de 10 personas durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia en hechos registrados el seis y siete de noviembre de 1985.
La Corte consideró que existe responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco, Cristina del Pilar Guarín, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao.
En el fallo de 212 páginas se establecer que “esta sentencia constituye per se una forma de reparación” y “el Estado debe llevar a cabo en un plazo razonable las investigaciones amplias sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como determinar victimas señaladas en el punto resolutivo tercero de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas, así como las detenciones y torturas por Yoladan Santodomingo y Eduardo Matson, José Vicente Rubiano y Orlando Quijano”.
“El Estado debe efectuar a la mayor brevedad una búsqueda rigurosa en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las 11 víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”, precisa el extenso fallo en el cual se determina la responsabilidad del Estado que ordenó el tratamiento médico "psicológico o psiquiátrico" a las víctimas que así lo soliciten y de ser el caso pagar la suma establecida por concepto de gastos por dicho tratamiento para aquellas víctimas que residan fuera de Colombia"
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