El fiscal encargado del caso contó los detalles de la investigación.
El caso de Dilan Cruz está en el ojo del huracán. Luego de ser herido por un ataque de un hombre del Esmad, el joven de 18 años se mantiene en coma inducido y el fiscal (e) Fabio Espitia explicó cómo va la investigación. Según él, Las pruebas recaudadas ya están en cadena de custodia.
“Es un hecho lamentable. La Fiscalía inició la investigación inmediatamente, el caso fue asignado a un fiscal de vida de Bogotá. Ese mismo día, en la noche, se hicieron inspección en el sitio, registro fotográfico, elaboración de planos, recolección, de pruebas, se ha indagado sobre el elemento que habría impactado al joven, este elemento está en cadena de custodia”, explicó Espitia.
De igual forma las autoridades están analizando videos de las cámaras particulares, del sistema de vigilancia de la ciudad capital y los videos que los internautas subieron a redes sociales.
“De la misma manera los investigadores adelantaron entrevistas a personas que estuvieron en el lugar, gestores de convivencia del Distrito, socorristas, delegados de derechos, a un patrullero de la Policía que fue el primer respondiente, al médico cirujano que atendió al joven Dilan Cruz y a 7 integrantes del Esmad de la Policía de Bogotá”, aseguró.
Reveló que la historia clínica de Dilan Cruz fue enviada a Medicina Legal que dictaminó una incapacidad provisional de 50 días para el joven.
Otras fuentes aseguran que un juez penal militar ya está conociendo el caso por tratarse presuntamente de actos del servicio. Están a la espera de que llegue el desarrollo de los actos urgentes del CTI.
De igual manera, el fiscal Espitia afirmó que los videos en redes sobre uso excesivo de la fuerza pública también están siendo investigados.
“Hacen parte de un caso matriz que se ha abierto a efectos de ese caso matriz indagar cuáles hechos serían jurídicamente relevantes”, puntualizó.
Desde el 21 de noviembre, día que comenzó el paro, hasta hoy, van 172 personas capturadas por perturbación en servicio de transporte público, obstrucción de vías, hurtos y daño en bien ajeno.
Un juez ya les legalizó las capturas a 101 personas y dictó 11 medidas de aseguramiento, 6 de estas en cárcel.