Se trata de Rosa Virginia Pinedo, recibió intimidaciones de muerte tras denunciar acoso laboral por su vínculo familiar con el actual alcalde de Santa Marta.
Durante la mañana de este martes, la firma de abogados ArielQuieroga&Abogados quienes representan a la funcionaria pública Rosa Virginia Pinedo Manrique, actualmente adscrita a la Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático de la Gobernación del Magdalena emitió un comunicado la opinión pública tras haber recibido las amenazas de muerte.
El pasado 30 de enero de 2025, Pinedo Manrique fue víctima de una llamada telefónica intimidante, presuntamente realizada por un miembro de un grupo armado ilegal. Durante la conversación, el sujeto no solo mencionó el nombre completo de la funcionaria y su hijo, sino que también reveló su dirección exacta, exigiéndole un encuentro en el corregimiento de Guachaca bajo amenaza de represalias. La funcionaria logró grabar parte de la conversación, lo que provocó que el agresor le advirtiera que sufriría consecuencias.
Este episodio se suma a las agresiones que la señora Pinedo ha venido enfrentando en su lugar de trabajo, donde ha sido víctima de acoso laboral. Se cree que este hostigamiento tiene como origen su desacuerdo con las posturas del ex partido Fuerza Ciudadana y su parentesco con el actual alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello. A lo largo de los últimos meses, ha denunciado públicamente los abusos y la falta de empatía política dentro de su entorno laboral, lo que ha generado en su contra un ambiente de animosidad.
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La funcionaria ya interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, confiando en que las autoridades tomarán las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad y la de su familia. Además, ha rechazado públicamente la intimidación que, según su versión, es una manifestación del fanatismo político y de una posible vinculación con estructuras armadas organizadas que desconocen las razones exactas de su persecución.
Se espera que las autoridades pertinentes actúen de manera urgente para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la víctima y su familia.