Rafael Martínez está siendo evaluando una posible inhabilidad por supuestamente haber gestionado negocios ante entidades públicas del departamento durante los 12 meses previos a su elección.
El proceso contra el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, por presunta doble militancia y una posible inhabilidad para ejercer el cargo, avanza en el Consejo de Estado. La próxima audiencia ha sido programada para el 12 de febrero, fecha en la que se evaluarán las pruebas y se determinará si su elección debe ser anulada.
La investigación se centra en hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2023, cuando Martínez, en plena contienda electoral, habría respaldado públicamente a Miguelina Pacheco, candidata al Concejo, y a María del Socorro Charris, quien resultó elegida diputada por el Partido de la U. En ese momento, él aspiraba a la Gobernación con el aval de Fuerza Ciudadana, lo que podría constituir una vulneración a las normas de doble militancia establecidas en la legislación colombiana.
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Además de esta acusación, el Consejo de Estado también evalúa si Martínez incurrió en una inhabilidad al haber gestionado asuntos ante entidades públicas del departamento en el año previo a su elección. Esta acusación se sustenta en documentos que indicarían su posible intervención en la asignación de cuotas políticas dentro de la administración departamental antes de asumir el cargo.
El magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien lidera el proceso, señaló que se han recopilado pruebas documentales, testimoniales y periciales que serán fundamentales para establecer si existen causales legales para anular la elección del gobernador. Durante la última audiencia, Álvarez Parra precisó que el análisis se centra en determinar si se configuró la prohibición de doble militancia y si hubo actuaciones administrativas que comprometieran la transparencia del proceso electoral.
Uno de los elementos clave en la investigación es una serie de registros y archivos que, según la parte demandante, evidenciarían la intervención de Martínez en la gestión de contratos y nombramientos en el ámbito departamental.