Si la decisión se sostiene sería histórica, pues nunca antes se había reconocido ese derecho a las víctimas y marcaría un precedente para futuros casos.
Una corte de apelaciones de Washington, Estados Unidos, le ordenó a una corte distrital de que tiene que reconocer los derechos de una víctima del exparamilitar Hernán Giraldo Serna, quien fuera el líder del bloque de las AUC Resistencia Tayrona, que en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Esto se traduciría que la sentencia, que se conocería en los próximos meses, podría ser mucho más alta a la que se le podría dar.
El tribunal, que opera como instancia superior y solo está por debajo de la Corte Suprema de Justicia, le ordenó hace algunos días a una Corte de Distrito revisar un fallo en el que negaba los derechos de los familiares de una víctima del exparamilitar Hernán Giraldo Serna.
En su sentencia, la Corte de Apelaciones dice que la familia debería ser admitida en el proceso y reconocida a la hora de sentenciar a Giraldo Serna. Lo cual podría agravar la condena del exparamilitar y permitir que los familiares sean indemnizados.
"Esta decisión es un primer reconocimiento judicial de una realidad que han vivido los colombianos por décadas. Los crímenes cometidos por Hernán Giraldo Serna, como otros grandes narcotraficantes, no solo se deben medir por los kilos que llegaron a EE. UU., sino por la extrema violencia que causaron.
La decisión de la Corte de Apelación constituye un precedente y abre una vía legal para también atender el costo humano del narcotráfico", dijo Roxana Altholz, abogada que representa a la familia de Julio Henríquez, un activista y desmovilizado del M19 quien fue asesinado por órdenes de Giraldo en julio de 2001.
Henríquez había fundado la ONG Madre Tierra y promovía entre campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta un programa de sustitución de cultivos.
Por este asesinato, reconocido por el propio Giraldo, el exparamilitar ya fue sentenciado en Colombia a 39 años de cárcel. Durante ese proceso sus lugartenientes reconocieron que la muerte de Henríquez fue sentenciada, pues atentaba contra los negocios de narcotráfico de su jefe.
Para lograrlo Altholz invocó el Acto para los Derechos de las Víctimas de Crímenes, una ley que aprobó el Congreso de EE.UU. y cuyo fin es permitir que se haga justicia para las víctimas de un crimen así este no se relacione con ella de manera concreta.
"Para nosotros había un claro nexo entre el asesinato de Henríquez y los cargos de narcotráfico que se le imputan a Giraldo, pues el crimen se cometió para que Giraldo continuara con su negocio", sostiene Altholz.
