La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre el hecho de que la ley de garantías electorales podría afectar el programa que impulsa el Gobierno a través de la entrega de 100.000 viviendas de interés prioritario.
Según María Eugenia Carreño, delegada de la sala disciplinaria de la Procuraduría, a partir del próximo 9 de noviembre, cuando entra en vigencia la ley, y hasta el 25 de mayo del 2014 no podrá haber convenios interadministrativos.
Por esta razón el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, manifestó que le pedirá al Procurador una revisión de la decisión, que de entrada frenaría la entrega de 40.000 VIP.
“Ni alcaldes ni gobernadores podrán suscribir convenios administrativos en el programa (de vivienda) durante este lapso”, enfatizó.
La funcionaria también señaló que esta prohibición no debe ser entendida como obstáculo, sino solo como parte de la norma para que no se realicen actos de carácter proselitista.
El Ministro también expresó su preocupación por que a los constructores se les está pagando contraentrega, lo que significa que ante la imposibilidad de cumplirles el proceso estaría en vilo.
