En el listado aparece alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla de la estructura criminal señalada por narcotráfico y violencia armada en el país.
El gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó la suspensión de las órdenes de captura contra 29 integrantes del denominado Clan del Golfo, en el marco de los acercamientos adelantados con esta estructura armada dentro de la política de paz total.
La decisión quedó consignada en una resolución fechada el pasado 29 de abril, mediante la cual el Ejecutivo aceptó un listado entregado por el grupo armado para facilitar el traslado de sus miembros a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal.
Entre los nombres incluidos aparece Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo jefe del Clan del Golfo y uno de los hombres más buscados por las autoridades colombianas y estadounidenses.
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Traslado a Córdoba y Chocó
Según el documento oficial, el proceso contempla la reubicación de los integrantes de la estructura armada en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó.
El traslado estaría previsto para el próximo 25 de junio y, de acuerdo con el Gobierno, estará sujeto a restricciones relacionadas con tiempo, ubicación y condiciones específicas.
La resolución también señala que las actividades autorizadas deberán estar exclusivamente relacionadas con los acercamientos y compromisos del proceso de paz.
La inclusión de alias ‘Chiquito Malo’ ha generado fuertes reacciones políticas y cuestionamientos desde distintos sectores del país.
El señalado cabecilla es considerado por Estados Unidos como uno de los líderes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y vinculada a ataques contra fuerza pública y civiles.
De acuerdo con autoridades norteamericanas, el Clan del Golfo mantiene miles de integrantes y obtiene gran parte de sus recursos del narcotráfico para financiar actividades armadas ilegales.
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Gobierno defiende acercamientos
En la resolución, el Gobierno Nacional argumenta que la medida hace parte de los mecanismos contemplados dentro de la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
El documento explica que el Ejecutivo puede adelantar negociaciones políticas con grupos armados y también establecer acercamientos con organizaciones criminales de alto impacto para buscar su sometimiento a la justicia y eventual desmantelamiento.
Además, se indica que durante estos procesos podrán suspenderse órdenes de captura, incluso aquellas con fines de extradición, mientras se desarrollan las conversaciones autorizadas por el Estado.
