El presidente Gustavo Petro anunció el proceso tras la nulidad del decreto 1500 de 2018 por el Consejo de Estado, buscando un acuerdo entre comunidades indígenas y afrodescendientes.
El anuncio se produjo durante el cierre de una jornada de diálogo en la que el jefe de Estado escuchó las intervenciones de delegados de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, así como de comunidades afro.
Durante su intervención, el mandatario subrayó que la soberanía del proceso reside en las comunidades y expresó su voluntad de que el diálogo concluya con celeridad para proceder a la firma de un nuevo decreto que carezca de obstáculos legales.
Esta medida surge como respuesta directa a la sentencia del Consejo de Estado del pasado 12 de febrero, la cual anuló el decreto 1500 de 2018. Dicha normativa, emitida durante el mandato de Juan Manuel Santos, definía y protegía el territorio de los cuatro pueblos de la Sierra, pero fue invalidada por el tribunal debido a errores de forma en su trámite, más no por su contenido de fondo.
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Más allá de la delimitación técnica y jurídica, el presidente Petro otorgó un matiz simbólico al proceso, instando a los participantes a que el acuerdo resultante se convierta en un referente de paz social. Según el mandatario, la resolución de este conflicto territorial debe servir como ejemplo de convivencia entre pueblos, vinculando la estabilidad del "Corazón del Mundo", como las comunidades llaman a la Sierra, con la paz global.
Con la presentación de la ruta de consulta previa, el Gobierno nacional ratifica su intención de expedir un nuevo marco normativo que garantice la protección jurídica y ambiental de los territorios étnicos en el norte del país, asegurando que esta vez el proceso cumpla con todos los requisitos legales exigidos por las altas cortes.
