La nueva Ley 2568 de 2026 sustituye el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como indicador para el presupuesto de las instituciones públicas, buscando cubrir gastos reales en investigación, infraestructura y nómina.
En un acto oficial celebrado en la ciudad de Popayán, Cauca, encabezado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, se llevó a cabo la promulgación de la ley que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, transformando estructuralmente el modelo de financiamiento de la educación superior pública en Colombia.
La nueva normativa, identificada como la Ley 2568 de febrero de 2026, tiene como eje central el cambio en el indicador de actualización de recursos para las Instituciones de Educación Superior (IES).
Desde la década de los noventa, el presupuesto de las universidades públicas crecía anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, este indicador no lograba cubrir los costos operativos específicos del sector, como la investigación, la modernización de infraestructura y la nómina docente.
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Con la nueva ley, el aumento de los ingresos estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un referente técnico que reconoce los gastos reales de funcionamiento y sostenibilidad de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias.
Además del cambio en la fórmula de cálculo, la reforma establece una hoja de ruta para que la inversión en este nivel educativo crezca de manera progresiva en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), con la meta de alcanzar el 1%. Esta transición financiera cuenta con el concepto favorable del Ministerio de Hacienda y busca fortalecer la capacidad instalada para ampliar la cobertura nacional, que al cierre de 2025 se situó en un 57,5%.
El texto promulgado también asegura recursos para el fortalecimiento de la infraestructura física, con una proyección de inversión en vigencias futuras de 6,8 billones de pesos entre 2026 y 2036. Asimismo, la ley ratifica la política de gratuidad, que para el presente año cuenta con una asignación de 3,2 billones de pesos integrados a la base presupuestal de funcionamiento, beneficiando a cerca de 930 mil estudiantes de pregrado en todo el país.
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Durante el acto, se destacó que esta reforma es el resultado de un proceso de concertación con el movimiento estudiantil, docentes y rectores, cumpliendo con las metas de sostenibilidad financiera a largo plazo. Con esta sanción, el sistema de educación pública inicia una transición hacia un modelo que prioriza el fortalecimiento de la oferta institucional y el cierre de brechas regionales en municipios históricamente excluidos.
