El gremio advierte que el aumento del 23,7% es un "exabrupto" sin sustento técnico que podría causar la pérdida de más de 770.000 empleos y el cierre masivo de MiPymes en todo el país.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) radicó formalmente una demanda de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó un incremento del 23,7% en el salario mínimo para el año 2026.
El gremio no solo busca anular la normativa, sino que ha solicitado una suspensión provisional urgente de sus efectos, argumentando que el ajuste representa un "exabrupto" que carece de sustento técnico y jurídico.
Según los cálculos de la organización, de mantenerse esta medida, el país enfrentaría la pérdida de aproximadamente 772.340 empleos y el cierre masivo de micro, pequeñas y medianas empresas.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, denunció que el Ejecutivo ignoró el marco legal vigente al sustituir las variables obligatorias para fijar el salario, como la inflación, la productividad y el PIB, por el concepto de "salario vital".
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Este último término, según el dirigente, se basa en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante en la legislación colombiana. Además, el gremio cuestionó que el decreto no explica de manera clara cómo se pasó de un ajuste técnico sugerido del 6,21% a un incremento final que casi cuadruplica esa cifra.
La demanda también señala una presunta vulneración a las competencias técnicas del DANE, al desconocer su autoridad exclusiva para certificar la canasta del IPC y la medición de la inflación en el país.
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Para Fenalco, la aplicación del decreto generará impactos económicos irreversibles, entre los que destacan presiones inflacionarias adicionales, el aumento de la informalidad laboral y un deterioro significativo de las finanzas públicas. Cabal enfatizó que esta acción judicial no es una discusión contra los trabajadores, quienes a su juicio también sufrirán por el encarecimiento de la vida derivado de la medida.
Finalmente, el gremio hizo un llamado directo al Consejo de Estado para que priorice el interés general y la estabilidad económica del país sobre lo que calificaron como "intereses politiqueros" del Gobierno. Con esta solicitud de suspensión inmediata, los comerciantes buscan proteger la seguridad jurídica y el aparato productivo nacional mientras se adelanta el análisis judicial de fondo sobre la legalidad del incremento decretado.
