Las recomendaciones del Ministerio Público llevaron a ajustes clave en el proyecto de decreto que reglamenta las Empresas de Servicios Temporales, con el fin de proteger más de 474.000 empleos formales y garantizar la estabilidad laboral en el país.
El Ministerio de Trabajo anunció que acogió las principales observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación frente al proyecto de decreto que busca adicionar el Capítulo 2 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, el cual establece nuevas disposiciones para el funcionamiento de las Empresas de Servicios Temporales (EST) en Colombia.
Las recomendaciones fueron presentadas mediante comunicación escrita al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, luego de la publicación del proyecto normativo. Estas observaciones se realizaron en el marco de las funciones constitucionales y legales de la Procuraduría, orientadas a la defensa del orden constitucional y legal, el patrimonio público y la garantía de los derechos fundamentales, en especial los laborales.
De acuerdo con estudios recientes citados por el Ministerio Público, las Empresas de Servicios Temporales generaron en 2025 más de 50.000 empleos formales en el país. Actualmente, este sector emplea a 474.188 trabajadores en misión, lo que equivale al 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia, una cifra que evidencia la relevancia de este modelo dentro del mercado laboral nacional.
Preocupaciones por el impacto en el empleo formal
La Procuraduría Delegada para los Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social advirtió que algunas disposiciones contenidas en el proyecto de decreto podrían tener un impacto negativo sobre la continuidad y estabilidad de estos empleos formales, razón por la cual solicitó ajustes puntuales antes de su expedición definitiva.
En particular, el ente de control alertó sobre la necesidad de no restringir la modalidad de trabajo en misión únicamente a actividades no vinculadas al objeto social o al giro ordinario de los negocios de las empresas usuarias. Asimismo, manifestó su preocupación frente a la propuesta de establecer un límite del 10 % al personal vinculado bajo esta modalidad, al considerar que esta medida podría afectar de manera directa la operación empresarial y el sostenimiento del empleo formal.
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Ante este panorama, la Procuraduría propuso la conformación de una mesa técnica preventiva conjunta, que permita la participación de todos los actores y sectores involucrados en el mercado laboral, con el propósito de analizar de manera integral las observaciones y preocupaciones generadas por el proyecto reglamentario.
Mesa técnica para proteger los derechos laborales
El Ministerio de Trabajo acogió las dos observaciones centrales formuladas por la Procuraduría y accedió a la conformación de una mesa técnica preventiva conjunta, la cual será liderada por el Ministerio Público. Este espacio tendrá como objetivo acompañar el proceso reglamentario de las Empresas de Servicios Temporales, desde un enfoque preventivo y de protección de los derechos laborales y colectivos.
Según se indicó, la mesa técnica buscará salvaguardar la estabilidad de los 474.188 trabajadores en misión que actualmente dependen de este modelo laboral y que podrían verse afectados por una modificación reglamentaria sin el debido consenso técnico y social.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional reafirma su disposición al diálogo institucional y a la construcción concertada de normas que garanticen tanto la protección de los derechos de los trabajadores como la sostenibilidad del empleo formal en Colombia.
