El presidente Gustavo Petro acató el pasado martes una orden judicial que lo obligaba a rectificar las declaraciones emitidas contra el fiscal Mario Burgos, quien lideró la investigación contra su hijo, Nicolás Petro. La decisión, sin embargo, no estuvo exenta de polémica, pues minutos después de cumplir el fallo, el mandatario publicó un nuevo mensaje en el que reiteró sus críticas hacia la Fiscalía.
En su primera publicación, Petro reconoció que Burgos no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias, y afirmó que, como cualquier ciudadano, goza de la presunción de inocencia. El presidente aclaró que sus afirmaciones anteriores fueron “juicios de valor y opiniones críticas en el ejercicio del control político”, insistiendo en su compromiso con la independencia judicial y la transparencia institucional.
No obstante, la calma duró poco. Minutos después, el jefe de Estado volvió a pronunciarse en su cuenta de X (antes Twitter), donde afirmó que “la junta del narcotráfico ha cooptado parte de la dirección de la Fiscalía en tiempos de Barbosa”, y que habrían intentado “extorsionarlo con su hijo”. En el extenso hilo, el mandatario relacionó nuevamente a Burgos con la exfiscal general Marta Mancera, a quien señaló de tener vínculos con estructuras criminales.
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Petro aseguró además que el fiscal Burgos “no investigó al principal sospechoso del asesinato del fiscal paraguayo Pecci”, y que el caso de su hijo estaría rodeado de irregularidades y de funcionarios “ligados al narcotráfico”.
Las declaraciones del presidente generaron una nueva ola de reacciones políticas y jurídicas. Algunos sectores consideran que, aunque cumplió formalmente con la rectificación ordenada por el juez, la publicación posterior contradice el espíritu de la decisión judicial, lo que podría acarrear consecuencias legales o disciplinarias.
Por otro lado, Petro defendió su derecho a emitir opiniones políticas y señaló que el fallo judicial únicamente le exigía reconocer la presunción de inocencia del fiscal Burgos, no abstenerse de criticar el funcionamiento de la justicia.
Mientras tanto, el caso de Nicolás Petro continúa su curso judicial y el debate sobre la independencia entre los poderes del Estado vuelve a encender la escena política nacional.
