Defensoría del Pueblo presenta Alerta Temprana Electoral 2025–2026 para fortalecer garantías democráticas

Foto: Defensoría del Pueblo

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La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, un documento de advertencia que identifica posibles vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, antes, durante y después de los comicios.

El propósito de esta Alerta es orientar análisis y formular recomendaciones concretas a las entidades competentes con el fin de fortalecer acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y así garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional.

“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

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Recomendaciones y entidades responsables

El documento formula 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos que apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado:

  • Ministerio del Interior: fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales.
  • Ministerio de Defensa y Fuerza Pública: garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
  • Unidad Nacional de Protección (UNP): implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
  • Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral: asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral.
  • Procuraduría, Personerías y demás órganos de control: vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos.
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Poblaciones en especial condición de riesgo

La Alerta destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger a:

  • Precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias.
  • Servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales.
  • Defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.

 

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