El debate sobre las políticas de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia vuelve a estar en el centro de la discusión, tras cuestionamientos a la estrategia del gobierno para enfrentar el narcotráfico. Críticas señalan que las medidas actuales, basadas en la concertación con comunidades, estarían dejando al país a merced de grupos criminales.
Si bien hay serios problemas en la capacidad de producir alimentos, después de una venta que termina intermediada y le pagan cualquier cosa, sí eso es cierto, pero eso se puede corregir. Solamente haciendo una vía, usted no necesita regalarle a la gente, la vía de por sí ya te activa toda la economía. Cuando se antepone primero la historia del carácter buenista, este gobierno le gusta comprar eso porque este gobierno es mentiroso, pues usted lo que termina generando es unos campesinos a merced de un fusil de los carteres de narcotráfico con sus milicianos que son reclutados del mismo sector o vienen traídos de otros sectores”; Expresó la precandidata María Fernanda Cabal
Según los detractores de esta política, la narrativa que justifica la falta de erradicación forzosa se basa en la idea de que los campesinos no tienen alternativas viables para sobrevivir, debido a la falta de infraestructura y mercados para productos legales; sin embargo, se argumenta que este problema podría resolverse con inversiones en vías y desarrollo rural, sin necesidad de ceder espacios al narcotráfico.
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La situación en departamentos como Nariño, el Catatumbo, Cauca y Chocó es alarmante. Nariño, por ejemplo, ha registrado el mayor crecimiento en cultivos de coca, mientras que en el Catatumbo y el Cauca, la presencia de grupos armados organizados ha aumentado los enfrentamientos, no solo con la fuerza pública, sino entre las mismas organizaciones criminales. En el Chocó, el Clan del Golfo y el ELN protagonizan combates que se prolongan durante días, afectando a la población civil.
La falta de una política contundente de erradicación y fumigación, señalan los críticos, estaría permitiendo que la economía del narcotráfico siga en expansión. Actualmente, se estima que existen cerca de 300.000 hectáreas de coca en el país, con hasta seis cosechas al año. Este volumen de producción, que alimenta mercados internacionales, genera recursos millonarios que fortalecen a los grupos criminales y debilitan al Estado.
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Además del impacto en la seguridad, el entorno cocalero afecta la calidad de vida de las comunidades. Se reportan altos niveles de inflación en las zonas rurales debido a la liquidez generada por el narcotráfico, lo que encarece productos básicos. También se observa un aumento en fenómenos como la prostitución y la violencia, que afectan a las familias campesinas.
La discusión continúa mientras las autoridades buscan equilibrar la necesidad de erradicar los cultivos ilícitos con la protección de los derechos de las comunidades rurales. Sin embargo, el crecimiento de la violencia y el control territorial de los grupos armados sigue siendo una amenaza latente para la seguridad nacional.
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