La entidad confirmó que el CNE es competente para investigar irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022.
El Consejo de Estado, bajo la dirección de la consejera ponente María del Pilar Bahamón, ha determinado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la competencia para continuar la investigación administrativa sobre las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos relacionados con las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta de 2022, correspondientes a la Coalición Pacto Histórico, donde Gustavo Francisco Petro Urrego fue candidato.
Además, el CNE está facultado para imponer las sanciones administrativas correspondientes si se encuentran méritos para ello, según lo establece el documento.
La decisión del alto tribunal también aclara que el Congreso de la República tiene la competencia para decidir, de manera autónoma y conforme al procedimiento establecido para investigaciones y juicios por indignidad política, sobre la posible sanción de pérdida del cargo del presidente de la República. Esto, en el marco del artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, y sólo si la investigación del CNE sobre las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022-2026 lo justifica.
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En consecuencia, la Comisión de Acusaciones, que actúa como el juez natural del presidente de la República, sigue manteniendo sus competencias en este asunto. Sin embargo, esto no impide que el CNE avance en la investigación relacionada con la financiación, los límites y los testigos electorales.
La investigación de las denuncias en la Cámara de Representantes está a cargo de un grupo compuesto por Alirio Uribe, del Pacto Histórico y conocido defensor de Petro; Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso respaldada por el partido Fuerza de la Paz, liderado por Roy Barreras, aliado del presidente; y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.
Aunque la reciente decisión del Consejo de Estado podría parecer una novedad, en junio de este año el tribunal ya había ratificado que corresponde al Consejo Nacional Electoral llevar a cabo las acciones administrativas necesarias para investigar y tomar decisiones de fondo respecto a las posibles violaciones de los límites de financiación de la campaña electoral.
En cuanto a los asuntos que investiga el CNE, se incluyen las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), que transportó a Gustavo Petro durante su campaña presidencial. Se investigan aportes a SADI por 4.000 millones de pesos, así como los 600 millones de la Unión Sindical Obrera (USO) y los 500 millones de Fecode a Colombia Humana.
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Además, se detectaron omisiones en el reporte de un préstamo del Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos y en el pago a testigos electorales por 931 millones de pesos. También se omitió el reporte de gastos en propaganda electoral por un valor de 356 millones de pesos.
La violación de los límites de financiación en una campaña política es un delito que podría llevar a la invalidación de los resultados electorales si se confirman las irregularidades. Tras la decisión del CNE, Gustavo Petro criticó duramente a la entidad, calificando la situación como un intento de "golpe de Estado".
