El Gobierno Nacional anunció su intervención en Sanitas, la segunda EPS más grande del país con 5,7 millones de afiliados. Esta decisión se produce en medio de una crisis aguda en el sector de la salud y la posibilidad de que la reforma a la salud impulsada por Gustavo Petro naufrague en el Congreso.
Sanitas, que en 2022 recibió 7,5 billones de pesos, registró pérdidas de 295.368 millones y acumuló una deuda total de unos 2,3 billones de pesos, según cifras de la Supersalud y la Supersociedades.
La intervención fue anticipada en julio de 2023, cuando las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiendo sobre serias dificultades para continuar con sus operaciones debido a la difícil situación financiera del sector.
Las EPS, que juntas suman 13 millones de usuarios y 34.000 empleados, indicaron que si el Gobierno no les pagaba lo adeudado, no podrían seguir operando. Establecieron septiembre de ese año como la fecha límite para su operación.
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Las razones citadas por el Gobierno Nacional para estas intervenciones incluyen inviabilidad financiera, desviación de recursos, negación de autorizaciones de servicios, demoras en el suministro de medicamentos y barreras para la prestación de tratamientos vitales.
Actualmente, 29 EPS están prestando servicios a millones de pacientes en Colombia, muchas de las cuales tuvieron que asumir la prestación de los servicios de los usuarios que estaban afiliados a las EPS liquidadas.
