Es la primera vez que en Colombia se aplican los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Unrgd, Javier Pava Sánchez, anunció que mediante Resolución N° 265, se declararon áreas de utilidad pública e interés social en los municipios de Rosas, Timbío, Sotará, Patía, Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca.
Pava Sánchez explicó que el propósito central de la resolución es restablecer los derechos de las 222 familias que resultaron damnificadas en el municipio Rosas, Cauca, tras el deslizamiento del 9 de enero de este año.
Además, aseguró que gracias a este mecanismo se definirán las áreas prioritarias de intervención indispensables para la compra de tierras rurales y el desarrollo de proyectos productivos que permitirán el reasentamiento de las familias damnificadas.
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“Con la resolución esperamos tener disponibles 4 predios que suman en total 1.430 hectáreas. Una vez recibidos estos predios vamos a hacer una ocupación temporal que permita iniciar la autoconstrucción de viviendas y el desarrollo de proyectos productivos”, precisó el director general de la Unrgd.
El funcionario destacó que esta es la primera vez que en el país se da aplicación a los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los que se ha referido el presidente Gustavo Petro.
“Es indispensable que este tipo de medidas se empiecen a adoptar para todos los damnificados del país. Nosotros, desde la Unrgd, estamos totalmente comprometidos con los damnificados de Colombia. El tiempo que requerimos para avanzar en este tema lo hemos dedicado a la ubicación de diferentes predios y a la búsqueda de varias alternativas hasta concretar un mecanismo que hoy podemos anunciar a la ciudadanía en general sobre las medidas que vamos a establecer para el restablecimiento de los derechos de quienes lo han perdido todo en medio de esta tragedia”, enfatizó el director general de la UNGRD.
Igualmente, Pava Sánchez se solidarizó con las familias afectadas, al tiempo que se comprometió con ellas a que: “En el menor tiempo posible resolveremos la situación de miles de familias”.
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Por último, aseguró que el Gobierno del Cambio trabaja incansablemente para que a las 222 familias afectadas el 9 de enero de este año, junto a las 156 damnificadas por las emergencias del 2010 y 2019, se les restablezcan sus derechos.
“Es mi deber como director general de la UNGRD dar cumplimiento a la ley. Mi equipo de trabajo, y yo personalmente, estamos comprometidos de corazón para hacer de la Gestión del Riesgo de Desastres un proceso que transite de la asistencia humanitaria a la garantía de derechos”, puntualizó Javier Pava Sánchez, director general de la UNGRD.
