La Entidad sostuvo que el trámite parlamentario de la Ley 2212 de 2022 que aprobó el convenio se desarrolló conforme a los mandatos constitucionales.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el convenio sobre el cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, hecho en la Haya, Reino de los Países Bajos, en 2007, el cual busca asegurar que las obligaciones alimentarias reconocidas por las autoridades colombianas no puedan ser eludidas cuando el responsable se encuentra en el extranjero.
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En su concepto, el viceprocurador general de la Nación, Silvano Gómez Strauch, destacó que el instrumento es una “solución a la situación de las personas sin recursos que tienen derecho a obtener alimentos de otras que se encuentran en el extranjero”.
El Ministerio Público sostuvo que el tratado busca “garantizar la vida digna, el mínimo vital y los derechos fundamentales de aquellas personas, primordialmente miembros de la familia o vinculadas legalmente, frente a quienes asiste una obligación de solidaridad y equidad en razón a que no pueden procurarse su sostenimiento por sí mismas”, objetivos a los que deben propender los Estados que hacen parte.
De igual manera, el ente de control indicó que el convenio protege a la familia como institución básica y núcleo fundamental de la sociedad, porque facilita los procedimientos jurídicos disponibles en los diferentes países para el cobro de las cuotas alimentarias, evitando la evasión de las obligaciones de quienes se encuentran fuera de la jurisdicción estatal respectiva.
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Finalmente, la Procuraduría constató que el convenio fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 2212 de 2022, siguiendo las exigencias procedimentales establecidas en la Constitución, y verificó el respeto de las normas internacionales aplicables a la suscripción de esta clase de tratados.
