Uribe expresa voluntad de ayudar a esclarecer la verdad de “falsos positivos”

El expresidente Álvaro Uribe en reunión con el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, y con los comisionados Lucía González y Leyner Palacios.

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Uribe se reunió ayer con el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, y con los comisionados Lucía González y Leyner Palacios.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe expresó este lunes su voluntad de ayudar a esclarecer la verdad de los “falsos positivos”, como se conoce en el país a las ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército y aseguró que siempre actuó conforme a la ley.

“No hay un soldado o un policía que pueda decir que yo le di mal ejemplo de palabra o de obra”, puntualizó Uribe, quien aseguró que su Gobierno (2002-2010) “nunca le dio incentivos económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas” por sus resultados en la lucha contra la guerrilla.

Uribe se reunió ayer con el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, y con los comisionados Lucía González y Leyner Palacios, en una finca del expresidente en Llanogrande, en el departamento de Antioquia (noroeste).

La reunión no tuvo carácter de versión de Uribe ante la Comisión de la Verdad, surgida de la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016 entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las Farc, pues el exgobernante no reconoce a las instituciones de ese proceso.

“Ustedes saben lo que he dicho sobre las instituciones que surgieron del convenio de La Habana y eso no obsta para que yo colabore con la verdad, es una obligación de siempre como expresidente, como demócrata”, dijo Uribe a De Roux en una reunión que se prolongó por más de cinco horas.

Se le llama “falsos positivos” al homicidio de miles de jóvenes pobres que eran reclutados mediante engaños por miembros del Ejército para llevarlos a distintos lugares del país con el fin de asesinarlos y luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas y permisos de sus superiores.

En febrero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también surgida del acuerdo, elevó a 6.402 la cifra de personas que “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, periodo que coincide con el gobierno Uribe.





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