La Corte Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 568 de 2020 sobre la creación del impuesto solidario por el coronavirus Covid-19, sobre salarios o contratos de prestación de servicios de 10 millones o más, a cargo de los servidores públicos y contratistas del Estado.
La Corte determinó que el impuesto, que tenía como destino específico a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales, no cumplía con todos los requisitos de la Carta Magna. La votación fue de 5-4.
El decreto establecía que los trabajadores del sector público debían hacer un aporte porcentual de su salario. En el caso de los contratos de prestación de servicios superiores a los 10 millones de pesos se fijaba un aporte del 15 %.
Los dineros que se han pagado del tributo se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, pagaderos en el 2021.
