Fueron llamados a responder por no haber adelantado las actuaciones necesarias para declarar el incumplimiento de un contrato de obra para redes de distribución de gas natural, y evitar el pago de ítems no ejecutados.
La Contraloría General de la República condenó fiscalmente a los exalcaldes del municipio de Nueva Granada, en el Departamento del Magdalena, Álvaro David del Toro Ramos (alcalde entre enero de 2004 y diciembre de 2007) y Alexander Ruiz Garrido (alcalde entre enero de 2008 y diciembre de 2012), quienes deberán responder por más de $791 millones de detrimento patrimonial causado a la entidad territorial.
La decisión se encuentra fundamentada en la suscripción por parte de la Alcaldía de Nueva Granada, del Convenio N° 001 de 2007, a través del cual se entregaron recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías con destino a la construcción de las redes de distribución para la masificación del Gas Natural Domiciliario en el municipio.
El propio Departamento Nacional de Planeación (DNP) había reportado a la CGR las irregularidades evidenciadas en la ejecución de los recursos, por el manejo irregular de la cuenta a la que los mismos habían sido transferidos.
El equipo de la Contraloría pudo evidenciar que la calidad de las obras no era la adecuada, y que las acometidas instaladas presentaban deterioro al no haberse puesto en funcionamiento desde su instalación.
A pesar de lo anterior, la Alcaldía no adelantó las actuaciones administrativas necesarias para declarar el incumplimiento del contrato, y del mismo interventor, quien había autorizado el pago de ítems no ejecutados en las obras.
El convenio había sido suscrito por el Alcalde de la época, Álvaro David del Toro Ramos, con la firma Ingeniería y Obras – Ingeobra S.A. E.S.P., para la construcción de la red de distribución del Gas Natural Domiciliario.
El valor del Convenio por $791.922.653 debía destinarse a la construcción y puesta en servicio de la red, incluida la estación de descompresión, así como para la administración, operación y mantenimiento del proyecto.
Obra abandonada e inservible
A pesar de haber recibido el contratista los recursos para la ejecución del Convenio, la obra fue abandonada desde enero de 2009, evidenciándose que el interventor había reportado un avance de ejecución superior al que en realidad se comprobó durante las visitas técnicas llevadas a cabo en el terreno.
Lo poco que había avanzado la obra resultó inservible por el abandono en que la misma fue dejada, presentándose deterioro por el tiempo transcurrido desde la instalación.
Por todo lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación impuso una medida preventiva de suspensión de giros, ya que los recursos existentes en la cuenta del proyecto y los saldos pendientes por girarse del Fondo Nacional de Regalías, resultaban insuficientes para terminar las obras a precios de hoy.
El Informe Técnico adelantado por la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena, y que incluyó la visita a las obras y un registro fotográfico y los planos, fue contundente al concluir:
“Las obras y actividades que hacen parte del convenio indagado no ha sido ejecutado en su totalidad, presenta deficiencias técnicas y no se encuentra prestando servicio alguno a la comunidad beneficiaria, por lo que existe presunto detrimento al patrimonio del Estado por el valor de los recursos desembolsados por el Fondo Nacional de Regalías a la cuenta de ahorros del Convenio (…).
Las obras se encuentran suspendidas desde el mes de enero de 2.009, el convenio aún no se ha liquidado y además mediante Resolución N° 166 de marzo 11 de 2013 expedida por el Municipio de Nueva Granada (Magdalena) se declara el incumplimiento de este.
No hay concordancia entre las actas parciales de obra ejecutada y los diferentes informes de interventoría con respecto a las obras realmente ejecutadas (…).
El municipio de Nueva Granada (Magdalena) no cumplió con el seguimiento respectivo a las obras y actividades que contempla el proyecto, con el fin de lograr el objetivo y alcance del proyecto aprobado.”
Funcionarios llamados a responder
La condena fiscal por $791 millones, que fue confirmada por la Contraloría General en segunda instancia, involucró al exalcalde Álvaro David del Toro Ramos, quien en ejercicio del cargo tenía bajo su cuidado los recursos destinados al proyecto, y siendo el encargado de la contratación, ha debido verificar tanto su adecuada inversión como la debida ejecución de las obras.
Igualmente fue llamado a responder su sucesor, el exalcalde Alexander Ruiz Garrido, quien fue negligente en el cumplimiento de sus funciones al no ejercer la debida vigilancia en la construcción de las obras de la red de distribución, omisión que desencadenó en el incumplimiento del contrato, ya que de haber advertido el Alcalde las falencias en la ejecución de la obra contratada, ha debido proceder a la liquidación de contrato, hacer efectiva la póliza, y requerir al contratista para su cumplimiento.
La conducta omisiva y permisiva de los exalcaldes, contribuyó al deterioro de las obras que se habían realizado, al abandono de la misma por parte del contratista y a la pérdida de los recursos de regalías que se habían asignado al proyecto.
