Un llamado a ejercer mayores controles sobre la gasolina y diésel subsidiados por el Gobierno en las zonas de frontera elevó la Contraloría General de la República, ante indicios que señalan el combustible podría ir a parar a otras zonas del país donde inescrupulosos podrían comercializarlo a mayor precio.
De acuerdo con el contralor General, Edgardo Maya Villazón, hay alerta por indicios de que los aumentos del cupo subsidiado de combustible en las regiones fronterizas con Venezuela se estén aprovechando para prácticas de contrabando técnico.
“A la Contraloría le corresponde vigilar y ser garante del uso correcto de los recursos públicos, por eso, para enfrentar esta situación, estamos cerrando frentes con la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de la vigilancia y control de las Estaciones de Servicio, con el Ministerio de Minas y Energía, que vigila y controla los demás agentes de la cadena, y con la Fuerza Pública”, anunció Maya.
Los hechos obedecen al cupo de 13.3 millones de gasolina mes aprobado por el Gobierno Nacional para Norte de Santander, Arauca y La Guajira –departamentos afectados por la crisis fronteriza con Venezuela– lo que implica un subsidio de $2.100 por galón de cara a que los usuarios paguen una gasolina más barata.
Al respecto, el contralor extendió una invitación a pobladores y agentes de la cadena de combustibles líquidos a actuar con apego a la Ley y que estos combustibles se comercialicen en las zonas de frontera correspondientes, en el entendido que los beneficiarios directos son los pobladores y la actividad económica de las regiones destinatarias.
