Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido.
La Unión Europea, UE, contempla la posibilidad de ofrecer protección específica a los activistas en favor de los derechos humanos que se encuentren entre los nicaragüenses deportados por el régimen de Daniel Ortega, afirmó un alto funcionario comunitario.
“Estamos activamente mirando las posibilidades de proveer apoyo urgente a los 222 deportados (…) Estamos mirando en particular la posibilidad de priorizar a los defensores de derechos humanos en el interior de este grupo de 222 y de los 94 que ya estaban fuera del país”, indicó el subdirector para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Duccio Bandini.
Bandini, que participó en una sesión de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de América Central, se refirió así a los 222 presos políticos nicaragüenses que el pasado 9 de febrero fueron liberados y desterrados y a quienes se revocó su nacionalidad.
Seis días después, las autoridades del país despojaron de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, exfuncionarios, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas y estudiantes.
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“Tenemos instrumentos específicos para apoyar a defensores de derechos humanos y la sociedad civil en el exilio. Estamos mirando cómo estos instrumentos se pueden utilizar rápidamente para apoyar a estas personas específicas”, continuó Bandini.
La UE dio la bienvenida a la liberación de estos prisioneros “que nunca debieron haber sido encarcelados”, puntualizó, y recordó que también agradeció a España su ofrecimiento de concederles la nacionalidad.
En cualquier caso, este responsable del servicio diplomático comunitario dejó claro que hay que “seguir condenando en los términos más duros una represión que se ha venido agudizando contra cualquier forma de disidencia y de oposición y que sigue mostrando violaciones tanto de la Constitución como de los compromisos internacionales adoptados por Nicaragua”.
Mientras mantiene su apertura a un posible diálogo, dejó claro que la UE reitera a las autoridades nicaragüenses que “anulen la legislación que viola los derechos humanos y la persecución” y que vuelvan al “pleno respeto” de las libertades de reunión, de asociación, de expresión, de creencias religiosas o de cualquier otro tipo de pensamiento.
