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La Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública abrió investigación disciplinaria contra el Gobernador del Magdalena, el secretario de Interior departamental y cinco diputados de la Asamblea por presunta extralimitación de funciones al haber creado el impuesto que se implementaría con la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El pasado 10 de octubre el organismo de control inició el proceso contra los implicados, citando a cada uno de ellos a fin de que expusieran sus argumentos y defensa, por haber definido la aprobación del tributo que se implementaría en Santa Marta y los 29 municipios del Magdalena.
Una fuente a la Procuraduría indicó que la investigación se encuentra en la etapa de evaluación, donde se recolectan las pruebas para tomar la respectiva determinación, respecto a si se formulan cargos o se archiva el proceso.
En caso que se formulen los cargos, se procederá al juicio disciplinario y se dictarán las medidas sancionatorias de primera instancia, las cuales podrán ser apeladas por los vinculados al proceso, ante el Procurador General de la Nación, quien confirmará o revocará la determinación.
Una de los asuntos que podría complicar la situación de los implicados, sería el fallo del Tribunal Administrativo que suspendió la tasa, sustentado en que la Asamblea se habría extralimitado en sus funciones al no tener la competencia para darle viabilidad jurídica a la Tasa de Seguridad.
Cabe indicar que los diputados investigados por la Procuraduría son: Alexander Roncallo, Claudia Patricia Aarón, Jorge Luis López, José Domingo Dávila y Martha Luz López, quienes integran la comisión segunda de presupuesto.
Así mismo han sido evaluadas la conducta de Eduardo Arteta Coronel, secretario de interior del departamento y por supuesto del gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, este último quien gestó la iniciativa ante la Duma Departamental.
