La advertencia se da luego de que el Gobernador presentara tres alternativas para que luego de seis meses de contrate este programa en el departamento.
Ante la posibilidad de decretar una urgencia manifiesta para contratar directamente el Programa de Alimentación Escolar para la población estudiantil de 28 municipios del Magdalena, una de las tres propuestas hechas por el gobernador Carlos Caicedo, la Procuraduría General de la Nación advirtió que no se observan hechos o situaciones de fuerza mayor que justifiquen hacer uso de un procedimiento extraordinario como este.
Tras ser declarado desierto por segunda vez el proceso de selección para la ejecución del PAE en ese departamento, el ente de control señaló que continúa en riesgo la adecuada contratación del proceso que busca brindar alimentación a más de 140 mil niños y niñas del departamento.
En consecuencia, la Procuraduría nuevamente solicitó a la gobernación información sobre las posibles alternativas para la implementación del PAE, el plan de ejecución de los recursos que supera los $100 mil millones y celeridad en la toma de decisiones al respecto.
Las propuestas del mandatario
La primera alternativa presentada por el mandatario, fue hacer una nueva licitación, que implicaría mínimo 45 días para poderse contratar, lo que podría tomarse más tiempo de la mitad del segundo semestre y seguir afectando a los estudiantes; en segundo lugar, presentó la firma de un convenio con alguna entidad experta sin ánimo de lucro, después de la Ley de Garantías y; finalmente, la tercera propuesta fue la declaratoria de Urgencia Manifiesta, que le permitirá a la Gobernación, hacer la contratación directa con un solo oferente y que los niños, niñas y adolescentes del Departamento, tengan acceso al PAE lo más pronto posible.
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“Apelamos a este Consejo de Política Social para conocer el punto de vista de los mandatarios locales y de todos sus integrantes, para saber la mejor ruta para ejecutar el PAE. Vamos a buscar también, el acompañamiento de los órganos de Control y presentar estas iniciativas en otras instancias como el Consejo de Juventudes, rectores, consejos directivos, asociaciones de padres de familia y personeros estudiantiles”, indicó el mandatario.
Estas observaciones fueron presentadas en cumplimiento de la función preventiva de la Procuraduría, que tiene el deber funcional de anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten los derechos constitucionales a la educación y a la alimentación equilibrada de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país.
