Frente a las denuncias realizadas por el contralor de Santa Marta, Chadpan Rosado, en el que denuncia un presunto detrimento fiscal por más de $41 mil millones en la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta –Essmar- durante el año 2020, la alcaldesa distrital, Virna Johnson Salcedo se pronunció y aseguró que los hallazgos son falsos.
A través de un comunicado, la mandataria señaló que “es falso el presunto detrimento de $41 mil millones al que se refiere dicho informe. Las cifras descritas por la Contraloría Distrital no corresponden a un desvío de dinero, ni a un favorecimiento a terceros”.
Johnson Salcedo asegura que la Contraloría Distrital debió precisar en su informe que más de $28 mil millones corresponden a los recursos que dejaron de recibirse por la decisión de Andrés Rugeles como alcalde (e), de reducir las tarifas el 18 de abril de 2019; valor que, según la alcaldesa no fue incluido en el presunto detrimento.
Asimismo, sostuvo que “en cuanto al costo de la camioneta contratada por la Essmar, la Alcaldía Distrital aclara que fue por $57 millones y nunca ha sido de $2 mil millones como asegura de manera equivocada la información de la Contraloría Distrital”.
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La alcaldesa de Santa Marta agregó que el contratista que prestó el servicio del alquiler de la camioneta si estaba idóneo, ya que en el registro de la Cámara de Comercio establece que su actividad económica permitía el arrendamiento de vehículos.
“La empresa Viajeros sí tiene idoneidad para prestar el servicio para el cual fue contratada. Así también lo certifica su registro de Cámara de Comercio; pues se dedica al transporte de carga, sea cual fuese el bien a transportar”, ratificó la mandataria Virna Johnson.
Por último, recalcó que el total de los hallazgos, 48 son administrativos y disciplinarios. “Los hallazgos se deben a que la agente interventora de la Superintendencia de Servicios Públicos no envió la documentación solicitada, afectando gravemente el resultado de la auditoría realizada a la Essmar”, dijo.
Cabe recordar que, la Contraloría de Santa Marta reveló un informe como resultado de una auditoría financiera y de gestión vigencia 2020 ejecutada en la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, en el que ratifica un presunto detrimento fiscal por más de $ 41 mil millones de pesos. Los responsables de estos posibles hallazgos fueron los exgerentes Ingrid Aguirre, Carlos Páez Cantillo y José Dajud Durán.
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