En Colombia, una conversación sobre salarios casi siempre termina hablando de estabilidad, de precios y, a veces, hasta de forex, porque el tipo de cambio se siente en el costo de los alimentos importados, los fertilizantes y muchos insumos del día a día. Pero hay un problema más silencioso que frena cualquier “gran” política laboral: más de la mitad de quienes trabajan lo hacen por fuera de la formalidad, de modo que los anuncios sobre sueldo mínimo, recargos o jornadas terminan beneficiando a un grupo más pequeño del que suele imaginarse.
La informalidad no es un detalle estadístico: es el terreno real donde ocurre buena parte del empleo. Las mediciones oficiales muestran que la proporción nacional de ocupados informales se ha mantenido alrededor del 55%, con diferencias claras entre territorios. En las principales ciudades el indicador es menor, pero en zonas rurales y centros poblados pequeños la informalidad supera ampliamente el 80%. Esto implica que la mayoría de trabajadores del campo y de economías locales no tiene contratos escritos, ni afiliación completa a seguridad social, ni acceso directo a los beneficios que establecen las leyes laborales.
Ahí aparece la primera gran limitación para las políticas oficiales de salario y trabajo: muchas no “llegan” porque están diseñadas para relaciones laborales formales. El salario mínimo es un ejemplo claro. Colombia lo ajusta cada año y, para 2025, se fijó en 1.423.500 pesos mensuales, acompañado de un auxilio de transporte de 200.000 pesos. Para quienes están en nómina, ese monto es un piso legal que estructura la negociación y el cálculo de aportes. Para quienes trabajan por cuenta propia, venden en la calle, hacen oficios por días o dependen de ingresos variables, ese número es apenas una referencia lejana que no regula su realidad cotidiana.
Algo similar ocurre con las reglas sobre la jornada laboral. La reducción gradual de la jornada semanal, que avanza hacia 42 horas sin reducción salarial, busca mejorar la calidad de vida del trabajador formal y obligar a las empresas a reorganizar procesos. Sin embargo, en la informalidad suele pasar lo contrario. Cuando el ingreso no está garantizado, las horas de trabajo se alargan. El vendedor que no logró ventas suficientes o el jornalero que solo consigue empleo algunos días termina compensando con más tiempo, no con más descanso.
Los recargos nocturnos, los pagos dominicales y festivos, las licencias y las reglas de estabilidad laboral también ilustran este límite. Son derechos que pesan en la estructura de costos de las empresas formales y que pueden mejorar de forma tangible la vida del trabajador contratado. Pero cuando una economía tiene millones de ocupados en microactividades de baja productividad, estos beneficios quedan fuera del radar. Incluso los debates y reformas laborales más ambiciosos chocan con la misma realidad: si la relación de trabajo no está registrada, la norma no se aplica.
La persistencia de la informalidad no se explica solo por “incumplimiento”. Hay razones estructurales. Colombia tiene un tejido productivo dominado por microempresas, comercio minorista y servicios con márgenes estrechos. En muchos casos, formalizar implica asumir costos fijos, trámites y obligaciones que el negocio no puede sostener si las ventas fluctúan. En lo rural, además, el empleo es estacional, familiar o comunitario, y la presencia del Estado es más débil, lo que refuerza prácticas informales históricas.
Las tensiones se hacen más visibles cuando el salario mínimo crece con fuerza. Un aumento significativo mejora el ingreso de quienes ya están formales, pero también puede elevar el costo de contratar legalmente. Para pequeñas empresas que apenas sobreviven, la respuesta puede ser no contratar, reducir horas o empujar nuevas relaciones laborales hacia esquemas informales. El resultado es una paradoja: una política pensada para proteger puede, indirectamente, reforzar la exclusión de quienes ya están fuera.
La informalidad también limita el alcance de la seguridad social, que es donde las políticas laborales se traducen en protección real. Un trabajador formal no solo recibe un salario regulado; también cotiza a salud, pensión y riesgos laborales. Para el informal, una enfermedad, un accidente o una vejez sin ahorro se convierten en choques severos. Por eso, medir el éxito de la política laboral solo por el salario mínimo es insuficiente si la mayoría no está construyendo protección a largo plazo.
Reducir esta brecha requiere algo más que nuevas normas. Implica simplificar la formalización, reducir costos de entrada y diseñar esquemas flexibles que reconozcan la realidad de los ingresos variables. También exige políticas diferenciadas por territorio: en el campo, priorizar productividad y protección social adaptable; en las ciudades, facilitar la transición de microempresas y trabajadores independientes hacia la formalidad sin asfixiarlos. Sin mejoras en productividad y acceso a financiamiento, pedir cumplimiento pleno de la ley laboral seguirá siendo, para muchos, una meta inalcanzable.
Colombia puede seguir ajustando salarios, jornadas y recargos, pero los beneficios seguirán siendo parciales mientras la informalidad domine el mercado laboral. La promesa de mejores ingresos y mayor protección se convierte en privilegio de una minoría si no se construyen puentes reales hacia la formalidad. El desafío central no es solo escribir mejores reglas, sino lograr que más trabajadores puedan vivir dentro de ellas sin perder su sustento.
