La autoridad ambiental del Distrito intensificó operativos contra establecimientos que incumplen normas sanitarias y ambientales en las distribuidoras de aguas.
Las acciones, acompañadas por la Secretaría de Movilidad y la Policía, buscan devolverle el orden y el descanso a los samarios.
Los operativos de la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana buscan devolverles el orden y la tranquilidad la comunidad samaria.
En una ciudad donde durante años muchos denunciaron el descontrol ambiental sin obtener respuestas contundentes, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, decidió salir a las calles y asumir una postura más firme frente a dos problemáticas que venían golpeando silenciosamente a Santa Marta: la captación ilegal de agua y el exceso de ruido generado por establecimientos comerciales y chivas rumberas.
La ofensiva ambiental emprendida por la entidad no solo dejó cierres de establecimientos y decomisos de equipos de sonido, sino también un mensaje claro: en Santa Marta las normas ambientales ya no serán opcionales.
Las acciones, desarrolladas en articulación con la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y autoridades de espacio público, se convirtieron en un golpe directo contra prácticas que, según múltiples denuncias ciudadanas, venían afectando la salud, la convivencia y los recursos naturales del Distrito.
Agua sin controles: una amenaza silenciosa
Uno de los casos más delicados detectados por el Dadsa fue el de un establecimiento dedicado al procesamiento y distribución de agua para consumo humano, intervenido tras una acción de tutela presentada por la comunidad.
Los habitantes del sector habían advertido sobre un presunto uso excesivo del recurso hídrico por parte de la empresa, temiendo afectaciones en el suministro de agua para las familias de la zona.
Durante la visita de inspección, las autoridades encontraron un panorama alarmante: ausencia de documentación legal, incumplimiento de normativas ambientales y condiciones sanitarias inadecuadas.
Además, el establecimiento no presentó soportes que acreditaran la legalidad de la captación del agua ni documentos esenciales como contrato vigente con Essmar, facturación del servicio o pruebas de instalación de medidores autorizados.
El hallazgo llevó al Dadsa a ordenar el cierre inmediato del establecimiento e imponer medidas preventivas, al considerar que existía una captación ilegal del recurso hídrico sin ningún tipo de retribución económica ni control institucional.
La entidad fue enfática al señalar que este tipo de prácticas no solo representan una infracción ambiental, sino también un riesgo directo para la salud pública.
“Lo que encontramos es indignante: captación deficiente, condiciones sanitarias inaceptables y una total falta de responsabilidad con la salud de los samarios”, indicó la autoridad ambiental.
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Chivas rumberas bajo la lupa Pero el agua no ha sido el único frente de batalla.
Uno de los temas que más inconformidad ha generado entre los samarios —y que EL INFORMADOR ha venido investigando y denunciando— es el impacto de las chivas rumberas y establecimientos nocturnos que exceden los límites de ruido permitidos.
Las quejas por música a altos decibeles, afectaciones al descanso y desorden en diferentes sectores de la ciudad llevaron al Dadsa y a la Secretaría de Movilidad a fortalecer los operativos de control.
Durante las jornadas de inspección, las autoridades realizaron mediciones de ruido, verificaciones técnicas y controles a vehículos y negocios que incumplían las normas ambientales y de movilidad.
Desde el Distrito aseguran que durante meses se adelantaron procesos pedagógicos, sensibilizaciones y mesas de diálogo con operadores y propietarios de establecimientos; sin embargo, muchos reincidieron en las faltas.
Por ello, la administración decidió endurecer las medidas.
“El ruido no puede seguir siendo el dueño de la ciudad. En Santa Marta hay límites, hay normas y hay autoridad”, reiteró el Dadsa.
Operativos, decomisos y sanciones
Uno de los procedimientos más recientes se desarrolló en la avenida del Libertador, donde funcionarios detectaron un establecimiento comercial que emitía música hacia el espacio público mediante parlantes instalados en la parte externa del negocio.
La situación violaba de manera directa la Resolución 0627 de 2006 y el Decreto 1076 de 2015, normativas que regulan los niveles máximos permitidos de ruido y obligan a implementar medidas de mitigación acústica.
Ante el incumplimiento, el Dadsa decomisó el equipo de sonido y suspendió temporalmente la actividad generadora de ruido hasta que el establecimiento suscriba compromisos de corrección ante la autoridad ambiental.
Aunque inicialmente la medida tenía carácter preventivo, la situación se agravó por comportamientos irrespetuosos y presuntas obstrucciones contra los funcionarios durante el operativo, hecho que podría derivar en procesos sancionatorios adicionales.
La entidad reiteró que los operativos no buscan perseguir comerciantes, sino garantizar el derecho colectivo a la tranquilidad y al ambiente sano.
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Secretaría de Movilidad también endurece controles
La labor conjunta con la Secretaría de Movilidad ha sido clave en las acciones contra las chivas rumberas.
En medio de operativos nocturnos, las autoridades han intensificado controles a vehículos que circulan incumpliendo normas de tránsito, excediendo niveles de ruido o alterando la convivencia ciudadana.
Las intervenciones buscan poner freno a prácticas que durante años generaron críticas de residentes y turistas, especialmente en zonas residenciales y corredores turísticos donde el ruido se volvió constante durante las noches.
La administración distrital insiste en que la diversión no puede seguir imponiéndose sobre el derecho al descanso.
Una autoridad más visible en las calles
Las recientes actuaciones reflejan un cambio en la dinámica de control ambiental en Santa Marta.
El Dadsa pasó de las campañas pedagógicas a operativos más estrictos, apoyados por otras entidades del Distrito, con el objetivo de responder a reclamos históricos de la ciudadanía.
La entidad aseguró que seguirá realizando inspecciones, controles y sanciones para garantizar que tanto el recurso hídrico como la tranquilidad ciudadana sean protegidos.
Porque, según reiteraron desde la autoridad ambiental, el bienestar colectivo está por encima de cualquier interés particular.
