La CREG deberá convocar audiencia pública para revisar el impacto social y económico de las tarifas de energía eléctrica.
En un fallo reciente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico emitió medidas cautelares en respuesta a una acción popular interpuesta por los personeros distritales de Santa Marta y Barranquilla, Edwar Orozco y Miguel Alzate, respectivamente. La acción fue presentada en defensa de los derechos de los habitantes de la Región Caribe frente al servicio público domiciliario de energía eléctrica.
El Tribunal ordenó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) convocar, en un plazo de diez días, una audiencia pública en la ciudad de Barranquilla. El objetivo de esta audiencia es evaluar el impacto económico y social de las Resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021, las cuales han regulado las tarifas de energía en la región.
La audiencia deberá contar con la participación de alcaldes, gobernadores, parlamentarios de la Región Caribe, así como de representantes de la Nación, encabezados por el Ministro de Minas y Energía y la Presidencia de la República. También se convocará a empresas como Air-e y Afinia, y otras entidades y personas con interés en el tema. El propósito es revisar la fórmula tarifaria vigente y considerar su modificación para aliviar las cargas económicas que han afectado a los usuarios de la Región Caribe.
El Ministerio de Minas y Energía y la CREG tendrán diez días adicionales tras la audiencia para emitir un nuevo acto administrativo que ajuste las tarifas de energía en la región, buscando su reducción y mejorando el acceso a este servicio esencial.
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