Ante un juez con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó a un exalcalde, a tres exsecretarios, dos contratistas y un interventor del municipio de Valledupar (Cesar), como presuntos responsables de irregularidades en la construcción de la primera etapa parque Casa en el Aire.
Se trata de Augusto Ramírez Uhía, alcalde de Valledupar para el periodo 2016 – 2019, José Juan Lechuga Zambrano, exsecretario General, quien realizó la etapa precontractual, adjudicó el contrato, suscribió el acta de inicio, Juan Pablo Morón Riveira y Jorge Armando Maestre Jaraba, exsecretarios de obra y supervisores del contrato, Jhoana Patricia Vergara Abello, contratista de la fase inicial, Jorge Mario Peña Matos, contratista ejecutor y Carlos Andrés Lozada Contreras, interventor desde el inicio de la obra.
De acuerdo a los elementos materiales probatorios, se firmó un contrato inicial por un valor de seis mil millones de pesos, con un plazo de ejecución de 11 meses con un consorcio, donde la supervisión estaba a cargo Vergara Cabello y Morón Riveira.
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Se pudo establecer que, durante la etapa precontractual se habría omitido obtener la licencia de construcción lo que generó un desplazamiento de la cimentación de la obra trayendo como consecuencia, la suspensión en tres oportunidades del proyecto, surgiendo además la necesidad de hacer una adición al contrato de 2.897 millones de pesos, para un total de nueve mil millones.
Asimismo, se conoció que los cobros realizados por el nuevo representante legal del consorcio, fueron autorizados tanto por el interventor y los supervisores saliente y entrante.
El ente acusador logró evidenciar que hasta el momento se han cancelado 8.357 millones de pesos, lo que equivale al 89 por ciento de la obra, sin embargo, se determinó que el contratista habría presentado al municipio la ejecución de obras a mayor valor y mayores cantidades.
Con lo anterior se pudo precisar que el municipio ha pagado más de 3.000 millones de pesos y la obra aún no termina.
Imputación
Por estos hechos la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación, agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Las capturas y notificaciones de los implicados estuvieron a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y uniformados del Gaula Militar.
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La Fiscalía considera que están satisfechas todas las exigencias para las restricciones que fueron solicitadas en contra de los imputados y que fueron negadas por el juez. El ente de control apeló la decisión.
