¿Por qué se acabaron los líderes costeños?

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Esa fue la pregunta que me hizo el ex presidente Alfonso López Michelsen aquel 30 de junio de 2007, en el festejo de su último cumpleaños en la finca de su hijo Felipe, en Anapoima. No supe darle una respuesta en el momento y preferí pedirle un tiempo para investigar sobre el tema.

Como era un puente festivo, el martes temprano me llamó a preguntarme si ya había averiguado algo, porque quería escribir una columna al respecto.

Lo primero que se me ocurrió fue indagar sobre cuales fueron las razones por cual no hubo un relevo generacional de líderes de la talla de un Evaristo Sourdis, Pedro Castro Monsalvo, Nacho Vives, Raimundo Emiliani, Hugo Escobar Sierra, Miguel Escobar Méndez, Jose Guerra Tulena, Crispin Villazón De Armas, Eduardo Abuchaibe, Pedro Martin Leyes, Abel Carbonell, Pepe Castro o Roberto Gerlein, entre otros.

Encontré dos razones fundamentales. Una, la infiltración de dineros del narcotráfico en la política, y dos, la mal concebida elección popular de alcaldes y gobernadores a mediados de la década de los ochenta. Esta combinación letal imposibilitó la aspiración de ciudadanos honestos y capacitados para ejercer cargos públicos.

En la década de los 90`s, los caciques o núcleos familiares que ejercían el poder feudal en sus departamentos y ciudades capitales, cometieron el grave error de suscribir pactos de financiación de sus campañas con personas de dudosa reputación que exigían a cambio contratos y puestos burocráticos.

Un tiempo después comenzamos a ver personas sin idoneidad en cargos claves de ejecución presupuestal y la asignación a dedo de millonarios contratos de inversión pública a empresas de garaje cuyo único propósito era recuperar con unos intereses altísimos, las sumas de dineros invertidas en las campañas políticas. Las obras públicas eran hechas con materiales de pésima calidad y muchas veces no se concluían. Además se aseguraban de sobornar con anticipación al interventor del contrato, el contralor departamental o personero municipal para que se hicieran los de la vista gorda. El verdadero "concierto para delinquir"

A principios del año 2.000, los clanes políticos tradicionales comienzan a ser desplazados por grupos al margen de la Ley, los cuáles terminan convirtiéndose en los nuevos dueños del poder político y económico de cada región.

Surgen entonces los famosos carteles de la contratación y concesiones privadas, las arcas de las tesorerías y los recursos de regalías son saqueados a través de licitaciones y concesiones mañosas, generando un caos financiero de enormes proporciones en los entes territoriales.

A muchos les tocó acogerse a la Ley 550 de 1.999, una especie de salvaguardia que facilitaba la reactivación empresarial de los entes territoriales.

Este carrusel de traficantes de la política, manejaba tanto dinero, que se daban el lujo de guardar el monto de la financiación de la siguiente campaña electoral, y otro tanto para los abogados que se encargarían de sacar de la cárcel a sus protegidos, por si les imputaban delitos de corrupción.

El descaro de la corrupción era tan impresionante, que en algunas ciudades, cuanto más ladrón era el político, era más querido y aceptado por la sociedad. Mientras tanto algunos congresistas sostenían algo de poder político con las cuotas burocráticas de entidades regionales como el Sena, Banco Agrario, Icbf, etc.

Es que alguien que se gaste 2 mil millones de pesos en una campaña a Gobernación o Alcaldía, con un sueldo de 10 millones de pesos mensuales, no puede tener buenas intenciones y mucho menos proyección política a nivel nacional.

El ex presidente López Michelsen falleció 11 días después y no pudo escribir la que hubiera sido su última columna.

 



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