La construcción y puesta en marcha de una política de seguridad integral en el 2026 es uno de los más vitales desafíos del próximo gobierno. Comparto algunas ideas.
Hay que empezar por definir con precisión los fines y objetivos. Sugiero reducir el narcotráfico como mínimo a los niveles previos a Petro y eliminar la minería ilegal; disminuir en un 50% el tamaño y la capacidad operacional de los cuatro grupos violentos más importantes; definir y ejecutar una nueva política de seguridad ciudadana concentrada en el combate de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, hurto y microtráfico; y recuperar la capacidad de disuasión de las Fuerzas Militares.
Ninguna tarea en materia de seguridad puede ser exitosa sin unas fuerzas militares y de policía altamente capacitadas, dotadas con los equipos y materiales que les son indispensables, y con alta moral de combate. El nuevo Presidente debe asumir a cabalidad su papel de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y darles su apoyo firme y decidido. Hay que depurar los mandos de cualquier infiltración petrista, darle estabilidad a los nuevos líderes, restablecer la iniciativa estratégica y la actitud ofensiva de las Fuerzas Militares, definir nuevas y más amplias reglas operacionales y garantizar seguridad jurídica a las tropas, entregarle los presupuestos que necesitan, recuperar el poder aéreo y helicotransportado y reconstruir la inteligencia, restaurar los mecanismos de cooperación con la ciudadanía, rehacer las fuerzas especiales.
Hay que terminar de plano con las innumerables políticas erradas de Petro que benefician a los mafiosos, enviar el mensaje inequívoco de que al narco se le combatirá sin cuartel, reformular los programas de sustitución de cultivos ilícitos (hoy son solo un incentivo perverso para más siembras), establecer plazos cortos y acudir a la erradicación forzada cuando se incumplan, fortalecer los programas de interdicción, luchar contra el microtráfico, recuperar la extradición y la cooperación judicial internacional, concentrarse en desmantelar las estructuras financieras y de lavado de activos.
Sería un gran error apostar solo a la “solución” militar y policial. Se requiere el dominio integral del territorio por parte del Estado, con despliegue institucional permanente, tanto de la acción social del ejecutivo como del aparato judicial. Clave, en todo caso, que las políticas públicas no privilegien de ninguna manera al cultivador ilícito.
La definición de una nueva política de seguridad ciudadana es ineludible. Las reglas básicas deben ser exigir el respeto pleno a la autoridad, que los derechos y libertades de quienes respeten la ley estén por encima de los de los bandidos y que haya castigo efectivo para los infractores. Una reforma penal para castigar severamente la reincidencia es indispensable. La cooperación y la coordinación de la policía de investigación y la Fiscalía es imprescindible y debe concentrarse en las grandes bandas y la delincuencia organizada. Hay que revaluar todos los esquemas de protección y reducirlos al mínimo. Menos escoltas y más policías en las calles. Las penitenciarias y las cárceles deben cumplir su función y dejar de ser centros y escuelas del delito. Se requiere el uso intensivo de la tecnología para suplir el déficit de pie de fuerza. Y la recuperación sostenida de los espacios públicos.
La construcción de una política para los jóvenes es urgente. Debe empezar por la restauración de la educación cívica, la formación en el respeto de la ley y de los derechos de los demás y el reconocimiento de los deberes propios. Hay que hacer énfasis en el combate de la drogadicción y el alcoholismo, en evitar la deserción escolar y en la puesta en marcha de programas integrales de arte, cultura y deporte.
Por razones de espacio, termino sosteniendo que la paz no se hace con impunidad ni mucho menos rompiendo el principio de igualdad frente a la ley para darle beneficios y privilegios a los bandidos, a aquellos que tienen como única valía hacer parte de organizaciones criminales donde se mata mucho y por mucho tiempo, que no tienen los ciudadanos que no han delinquido. La democracia y el estado de derecho se construyen con la estricta aplicación de la ley. Sometimiento, desmovilización y desarme.