El artículo 374 de la Constitución expone que hay tres vías para reformar la Constitución, las cuales son: el Congreso, una Asamblea Nacional Constituyente y por el Pueblo mediante un Referendo. Ahora bien, en las tres alternativas es crucial a modo de filtro, la aprobación del Congreso, pues, es este el órgano el facultado para expedir las leyes aprobatorias de convocatoria a elecciones, con el fin de preguntarle a la ciudadanía, si se crea o no una Asamblea Nacional Constituyente o si acepta las reformas constitucionales propuestas en un referendo.
Ahora bien, el gobierno también tiene el Plebiscito, sin embargo, este tiene varios obstáculos, el primero y más importante, es que no puede versar sobre iniciativas de reforma a la Constitución, ni podrá referirse para modificar el periodo presidencial del mandatario, además de que así la iniciativa venga del presidente, esta debe ser aprobada, ¡adivinen! Si, por el Congreso.
Parece ser, que el Presidente por donde se meta tiene la barrera del Senado y la Cámara de Representantes, sin embargo, según sus últimos trinos, se deja entrever, que tiene esperanzas puestas en el plebiscito, el cual es un método de participación ciudadana semi directo.
¿Pero si acabamos de decir que no es viable tampoco? Así es, sin embargo, aunque es el único medio de impulso inicial del presidente, quien es el que lanza la propuesta de convocatoria y posteriormente la somete al Congreso para que apruebe o no la llamada a elecciones, resulta que en Colombia existe un antecedente donde fue la ciudadanía quien inició todo un movimiento plebiscitario que terminó en la Constituyente de 1991.
El 11 de marzo de 1990 se celebrarían las elecciones a Congreso, Asambleas departamentales, Concejos Municipales, alcaldes y se elegiría al candidato presidencial del partido Liberal. Esta fecha, fue aprovechada por el movimiento estudiantil, que impulsó una séptima papeleta para que se creara a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual buscaba cambiar la constitución de 1886, esa papeleta no estaba aprobada por los órganos electorales, sino que fue introducida en las urnas espontáneamente por los ciudadanos.
Una vez terminó la jornada electoral, los poderes públicos del Estado, entendieron que el pueblo tenía un clamor genuino de dejar atrás una constitución, anacrónica, católica, machista, clasista, de pocas garantías sociales y, sobre todo, incapaz de entender el clamor de paz de la ciudadanía. (No hay que descartar la guerra para alcanzar la paz, apunte personal).
Hay que recordar que los años finales de la década del 80, han sido los peores de la historia reciente colombiana, y que ese caldo de cultivo tan convulso, hizo imposible que los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, ignoraran el mensaje de la séptima papeleta. La iniciativa llegó a buen puerto, el presidente, Virgilio Barco, decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales del 27 de mayo, mas de cinco millones de colombiano le dijeron que si a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, el resto es historia. (Cursiva, BBC Mundo).
Ahora bien, no son las mismas circunstancias, no estamos en el infierno de 1989 pero tampoco en el cielo (nunca vivido), y lo complejo, es que el presidente lo sabe, pero sigue en la obstinación de hablar de una Constituyente que a mi criterio es innecesaria, peligrosa y su proceso de convocatoria, nos puede sumir en una inestabilidad tan pasmosa que salir de ella podría costar décadas.
Desde que la noticia se conoció, y por los hechos recientes ya pasados y los que se están desarrollando, me embarga el temor de que el primer mandatario, a modo de científico loco, pero de los fenómenos sociales, esté dispuesto a crear en el laboratorio un estado de cosas que pueda parecerse a las condiciones nefastas de finales del 80 y principios de la década del 90, para que sea el propio pueblo el que en medio del desespero exija la constituyente.
No nos extrañe, que las conversaciones con los diferentes grupos armados se vayan a la basura, e inicien situaciones bélicas que empujen a lo impensable política y jurídicamente, de ser así, Petro puede ser el sepulturero del Estado Social de Derecho, ya que podría estar dispuesto a incendiar al país, por el objetivo de imponer su visión ideologizada de la realidad, y recuerden que Nerón incendió a Roma y luego le echó la culpa a los cristianos, para poder perseguirlos y usarlos como antorchas humanas.
Por: Ariel Quiroga Vides
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