Al finalizar cada periodo, los gobernantes entrantes y salientes están obligados a realizar un proceso de empalme (Ley 951 de 2005), mediante el cual se hace entrega y recibe formalmente la administración pública de las entidades territoriales. Según concepto de la Función Pública, “el proceso de empalme le permite a quien recibe la administración, el mandatario entrante, la rectoría de los asuntos de la entidad territorial, conocer el estado de los temas a su cargo, cuales necesitan ajustarse, qué recursos debe asignar y cómo ejecutar las obligaciones que le corresponden”.
Durante los últimos dos periodos, este proceso en el Distrito de Santa Marta, operó como una sucesión monárquica, en cuya dinastía los sucesores se obligaban a tapar los entuertos de su antecesores. El final de esta monarquía, implica para Santa Marta un nuevo comienzo que debe partir de la claridad sobre la situación administrativa y financiera que dejan doce años de abuso del poder político. Este empalme podría convertirse en la versión institucional de “Garganta Profunda”, aquel informante anónimo que ayudó a desentrañar el “Caso Watergate”, escandalo que llevó a la dimisión del presidente de Estados Unidos Richard Nixon en 1974.
Según documenta la historia del Watergate, Garganta Profunda, recomendó a investigadores del caso: “seguir el rastro dinero”. Esta recomendación es válida para el caso Santa Marta. Ese rastro, debería conducir a los entes de control a determinar a dónde fueron a parar los dineros producto de sobrecostos, obras inconclusas y siniestradas. Determinar quiénes son los responsables del detrimento patrimonial causado al Distrito, así como develar la red de contratistas que se beneficiaron con estas conductas. Asimismo, aclarar si hay relación entre el detrimento patrimonial del Distrito y las inexplicables y obscenas fortunas de algunos de sus funcionarios y contratistas.
En teoría, este será un empalme entre un gobierno saliente y uno entrante. Sin embargo, en la práctica serán tres los gobiernos que salen, y en ese orden, la magnitud de información por develarse. No se pide al Alcalde entrante que gobierne con el espejo retrovisor. Pero, sí que sea diligente en informar sus hallazgos a la ciudadanía y organismos competentes.
Ante la falta de resultados, producto de la ineficacia, la politización y la corrupción de los entes de control y el sistema de justicia del nivel local, una garantía para la ciudad, es que las irregularidades que se detecten a través del empalme, sean asumidas por organismos del nivel nacional.
Entre los casos sobre los cuales los samarios esperan obtener respuestas, están: la Megabiblioteca (2014), con sobrecostos aproximados de $13.000 millones; construcción de Centros de Desarrollo Infantil (2015), sobrecostos de $979 millones; adecuación de parques (2015) que pasó de $7.923 millones a $13.476 millones; estadio Sierra Nevada, contratado por $52.449 millones, su costo final fue de $68.023 millones y Programación Alimentación Escolar (2018) con sobrecosto por $460 millones.
A lo anterior, se suman las cuentas que deben rendir los gobiernos del “cambio” por su fallida gestión de la crisis del agua. Procesos de contratación como el de carrotanques ($612.000.000), por el cual se abrió un proceso de responsabilidad fiscal a la alcaldesa Virna Johnson. Esto, sin contar el atropellado proceso de licitación de las obras del acueducto El Curval, que según concepto de la Procuraduría General de la Nación, buscaba “comprometer presupuestalmente a la ciudad hasta el año 2052, además de poner en riesgo el patrimonio público, pues están en juego 1,6 billones de pesos.” Este proyectó se sustentó en los estudios financiados por la empresa Cenit ($16.000 millones), de los cuales se desconoce viabilidad técnica por parte de la respectiva interventoría. Estos descalabros son en gran parte la causa de la condición de alto riesgo financiero en que se encuentra la entidad (Índice de Desempeño Fiscal, DNP/2022).
El desespero de algunos líderes por mantenerse en el poder, no es solo para continuar con sus cuestionables manejos de lo público, sino para cubrir el rastro y los rostros de la corrupción.