Desde mi punto de vista, resulta alarmante que más de 39 años después del incidente en el sector del Cerro Chuño en Arica, continúen existiendo 20 mil toneladas de residuos tóxicos, enviados desde Suecia en 1984. Intuyo, que esta es una clara evidencia de la negligencia tanto del Estado chileno como del Gobierno sueco. Ante tal situación, la tardía demanda de medidas urgente de seis relatores especiales de las Naciones Unidas cobra un peso indiscutible.
Sin lugar a dudas, la urgencia de la situación es innegable. Pero, lo es desde hace 39 años, por eso, los habitantes de Arica, que han vivido bajo la sombra de estos metales tóxicos durante décadas, considero que merecen una solución inmediata.
En este sentido, pienso que el Estado chileno tiene una deuda pendiente con la humanidad y con víctimas de este desastre ambiental. Su responsabilidad no se debió limitar a la supervisión y monitoreo de la situación, sino que debe incluir la implementación de medidas que protejan el derecho a la vida y a la salud de las comunidades.
Es evidente que, pese a la gravedad del asunto, ha existido una falta de cumplimiento por parte del Estado chileno de sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos. Esta situación se evidencia en la demora significativa en la implementación de las medidas ordenadas por los tribunales chilenos para abordar la situación, lo que ha perpetuado la exposición de las comunidades a los desechos tóxicos y ha agravado los riesgos para la vida y para la salud.
En mi opinión, el caso de Arica es un llamado a la acción para los gobiernos y las empresas en todo el mundo. Nos recuerda la importancia de operar de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente, y las consecuencias que puede acarrear la negligencia. Y, para que Europa no siga viendo a América cómo un gran basurero donde puede depositar su basura tóxica.
Es evidente que los organismos de supervisión, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desempeñan un papel crucial en la identificación y denuncia de violaciones de los derechos humanos, pero aunque el daño ocurrió hace 39 años vienen emitiendo medidas urgentes hace 2, medidas que el gobierno sueco se pasa por la faja al emitir un comunicado diciendo que no tiene responsabilidad o que no lo pueden obligar por que la acción ya prescribió. Y, claro que prescribió por la lentitud de la ONU a ordenar medidas.
Finalmente, estoy de acuerdo con las tardías conclusiones del informe de los relatores de la ONU fechado el 23 de marzo de 2021, que es urgente tomar medidas. En este sentido, respaldo el llamado a que se tomen en forma urgente para garantizar a los residentes de Arica reparaciones efectivas. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que se hayan tomado tanto tiempo para hacerlo.
En síntesis, la situación en Arica es un recordatorio inquietante de cómo el incumplimiento de las obligaciones del Estado y la demora en la emisión de resoluciones por parte de la ONU; puede tener consecuencias duraderas, eficaces o devastadoras para los derechos humanos y el medio ambiente. La urgencia de abordar esta cuestión no puede ser subestimada. Es fundamental que las autoridades tanto chilenas, suecas y la Organización de Naciones Unidas - por su paquidérmica reacción- asuman su responsabilidad, que incluye la repatriación de los desechos tóxicos a Suecia y la aplicación de medidas reparativas para las víctimas de esta tragedia.
Para concluir, creo firmemente que le va tocar a la Organización de Naciones Unidas pagar el flete con fondos de la humanidad de varios barcos para enviar a Suecia esta suciedad contaminada. Pero vigilar que la Nación que emite y entrega el premio Nobel de Paz no eche esos residuos al mar.
¿Le faltarán dientes a la ONU?