El Salvador, después de la guerra civil que tuvo lugar entre 1980 y 1992, muchas personas jóvenes y desplazadas se unieron a pandillas como una forma de protección y subsistencia. Con el tiempo, se convirtieron en actores clave en la violencia y el crimen organizado en el país, lo que llevó a altos índices de homicidios, extorsiones, violencia y criminalidad debido a la presencia y actividad del crimen organizado.
Es por esto que, en respuesta a la violencia generalizada y al aumento del crimen organizado, el presidente Bukele decretó un estado de excepción. Esta medida le permitió a las fuerzas de seguridad del país perseguir y arrestar a miembros de pandillas sin las restricciones legales habituales, lo que resultó en el encarcelamiento masivo de miles de pandilleros. El objetivo de esta política era debilitarlas y reducir la violencia en el país y se dio a conocer con el motivo de seguridad ciudadana o guerra contra las pandillas.
No obstante, el estado de excepción y la consecuente persecución a las pandillas han generado diversos efectos en la sociedad salvadoreña. Por un lado, la medida ha tenido éxito en la reducción de la violencia y la criminalidad, lo que ha llevado a una disminución en los índices de homicidios y extorsiones. Sin embargo, también ha generado preocupaciones sobre las violaciones a los derechos humanos y el debido proceso, ya que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones y encarcelamientos sin garantías legales adecuadas. Este régimen de excepción suspende derechos humanos como el derecho a la defensa, el debido proceso y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Dicho esto, la persecución a las pandillas plantea importantes preguntas sobre la seguridad y la justicia en el país a largo plazo. Si bien la política ha logrado reducir la violencia en el corto plazo, existe el riesgo de que esta estrategia genere más resentimiento y exclusión social, lo que podría conducir a la radicalización y al fortalecimiento de las pandillas en el futuro. Además, las preocupaciones sobre las violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho podrían tener consecuencias negativas duraderas para la gobernabilidad y la confianza en las instituciones públicas.
Mientras tanto, el país cumplió a finales de marzo un año con la medida que ha dejado más de 66.400 pandilleros detenidos. Pero, también, más de 5000 denuncias por detenciones arbitrarias ante los organismos internacionales y recogidas por organizaciones humanitarias.
Así las cosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las diligencias judiciales y detenciones, así como violación es a los derechos humanos de los detenidos”.
Por todo lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenó este jueves al Estado de El Salvador a restablecer los derechos suspendidos desde hace un año por el régimen de excepción. Además, le urge al Estado que debe respetar los derechos humanos en la adopción de estas medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad. Igualmente, lo alerta en razón de que la suspensión de derechos y garantías cuando aplica de manera indefinida medidas bajo el estado de excepción constituye mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen. Y, por último, también urgió al Estado asegurar las garantías y la protección judicial y trato digno a toda persona bajo custodia estatal.
Para concluir, el estado de excepción decretado por el presidente Bukele ha generado tanto avances en la lucha contra la violencia y la criminalidad como preocupaciones sobre sus implicaciones para la seguridad y la justicia en el país. Para garantizar una solución sostenible y respetuosa de los derechos humanos, es necesario implementar estrategias integrales que aborden las causas de la violencia y fortalezcan el Estado de derecho y la confianza en las instituciones públicas.