Una fractura que pasará factura

En efecto, como la técnica utiliza explosivos para fracturar la capa del yacimiento, y posteriormente alrededor de 200.000.000 de litros de agua y más de 500 productos químicos a altísima presión con el propósito de ampliar las fracturas del sustrato rocoso para facilitar la salida del hidrocarburo, su implementación supone riesgos múltiples, pues no solo tiene implicaciones sobre el cambio climático, ya que cualquier escape de metano contribuye al aumento de la temperatura global, sino que también afecta el recurso agua, suelo y aire, y aumenta la sismicidad, mediante la contaminación de acuíferos subterráneos, suelo completamente inutilizable, contaminación del aire por productos químicos de naturaleza volátil y aumento de la sismicidad, respectivamente”, según lo establece la especialista argentina Josefina Bordino.

No obstante, la utilización de la fractura hidráulica ha tenido repercusiones positivas en la economía  porque el gas que se obtiene resulta barato de exportar y ha aumentado los índices de empleo, además de permitir extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales, tal como ha ocurrido en países, como Irlanda del Norte, Checoslovaquia, Suiza, Dinamarca, Alemania, Países bajos, Costa Rica, Reino Unido y Colombia, que optaron por la suspensión de las exploraciones, mientras se realizan los estudios para comprobar los efectos de este tipo de extracción, según informe económico presentado por María Paula Aristizábal Bedoya.

En Colombia, por ejemplo, el pasado mes de septiembre, el Consejo de Estado avaló los pilotos de fracking, decisión basada en la “postura más cautelosa” del principio de precaución, según el cual “versiones menos estrictas del principio de precaución llaman a descartar la inacción regulatoria -por la inexistencia de certeza científica- ante un riesgo”, en contraposición de la “versión fuerte” del mencionado principio, según la cual “frente a cualquier situación indicativa de amenaza para la salud humana o el medioambiente, indistintamente de su gravedad y certeza científica, se entiende que se deben adoptar medidas inclusive prohibitivas sin ningún limitante”.

Es importante recordar, tal como lo menciona el fallo del Consejo de Estado que “los debates acerca de la definición, contenido y relevancia, del principio de precaución, llevaron a la necesidad de aceptar, por las múltiples e imponderables particularidades de cada caso, que no era posible formular una única y definitiva noción de tal principio, al punto que estudios especializados han referido que existen por lo menos diecinueve versiones distintas del mismo”…amplio espectro de visones agrupadas en la generalidad de “versiones fuertes” o “versiones más flexibles” del principio de precaución.

 Y tal como lo señala el mencionado fallo, en nuestras Altas Cortes “la aplicación del citado principio no ha sido uniforme, pues, (…) en algunas oportunidades la Corte ha actuado bajo una “postura fuerte”, ante la sola incertidumbre, advirtiendo incluso que los jueces tienen el deber de actuar “ante cualquier duda científica sobre el daño”, mientras que en otro número considerable de decisiones ha insistido en la necesidad de verificar un riesgo “serio y cierto” (…)”.

 De manera que, si nuestros jueces han proferido fallos bajo una “postura fuerte” del principio de precaución en un “mundo vacío”, con más razón, en esta oportunidad, han debido hacerlo en un “mundo lleno” y saturado ecológica y poblacionalmente, y además en transición energética, y por solidaridad intergeneracional, porque el factor limitante es la naturaleza, tal como ha ocurrido en Francia, Bulgaria, Austria, Nueva Zelanda, Escocia, Uruguay, España y el Estado de Paraná en Brasil, que han prohibido esta técnica para hidrocarburos NO convencionales, pues con ello, además de empezar a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, no se está afectando las exploraciones ni explotaciones de los hidrocarburos convencionales.