A principio del 2018, fui a conocer en Rio Negro Antioquia, el cultivo de cannabis de la compañía PharmaCielo. Cuando terminé la visita, llamé al director de la compañía, Federico Cock-Correa, a decirle que eso parecía un mini Food Valley de Holanda, pero dentro de una cárcel de alta seguridad en Colombia.
Les hago esta introducción, porque en mis veinte años de servicio al sector agropecuario en Colombia, nunca había visto tanta tecnología, control y seguridad en un proyecto agroindustrial. Los requisitos que estableció la Ley 1787 del 2016 y su Decreto reglamentario 613 de 2017, son tan exagerados, que me atrevo a decir, que tenemos el marco regulatorio más estricto del mundo para producción, transformación y comercialización de cannabis.
Esta semana, a raíz de una carta que le envió el sector del cannabis medicinal al presidente Iván Duque, llamé a Rodrigo Arcila, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis -Asocolcanna-, para enterarme de los avances de ese sector en los últimos tres años. A pesar de tener unas condiciones favorables de costos, clima y una experiencia productiva relevante vinculada a la floricultura y a la industria farmacéutica, veo que los exagerados trámites burocráticos y las decisiones tardías de algunos funcionarios públicos, tienen con freno de mano el desarrollo de la producción, financiación y exportación del sector. En cuatro años, sólo han podido desarrollar unas 130 hectáreas.
Para destrabar este proceso, el gremio ha enviado a los ministerios de Justicia, Salud y Agricultura, unas recomendaciones sensatas para permitir la reducción y simplificación de la tramitología actual con el fin de poder contar con un sector más competitivo y poder acortar la distancia que nos tomaron en el mercado internacional del cannabis medicinal, países como México, Uruguay, Perú y Ecuador. ¡No están pidiendo más nada!
Las propuestas están centradas en modificaciones a los requisitos generales y criterios para solicitar cupos de cultivo, producción de semilla para la siembra, fines científicos e investigación, fabricación de derivados y para la modalidad de uso nacional y de exportación, entre otros. Otra preocupación es la falta de acceso a créditos para sus necesidades de capital de trabajo e inversión y monetización de las exportaciones. Se trata de ajustes de tipo técnico legales con sentido común de las cosas.
Ellos, no están pidiendo subsidios, ni incentivos, solo están suplicando al gobierno ajustar unos artículos de un Decreto reglamentario, para sacar adelante este rentable agronegocio que puede ayudar a generar miles de empleos, fomentar la inversión nacional y extranjera, ayudar a sustituir cultivos ilícitos, reactivar la economía en los territorios y contribuir con la reactivación económica del país. Y de paso, dejar esa fama de ser los mayores exportadores de cocaína del mundo y convertirnos en los mayores exportadores de cannabis medicinal.
Cuando uno revisa la historia del desarrollo agrícola del país, encuentra que los importantes logros alcanzados en el agro colombiano han ocurrido más como consecuencia del empuje de productores visionarios del sector privado y de estímulos gubernamentales de arranque, que de los clásicos y permanentes instrumentos perpetuadores de dependencia del Estado. Por favor, denle a estos empresarios del campo, el último empujoncito.