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Columnas de Opinión
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Por razones de trabajo, hace 25 días, tuve que trasladarme desde Bogotá a varias zonas agrícolas y ganaderas de la región Caribe. Las lluvias y los calendarios de siembras no saben de trámites, y si el crédito no le llega a tiempo los productores del campo pueden ver frustrados sus proyectos productivos.

En este recorrido tuve la oportunidad de charlar con varios empresarios del campo y constatar en sus fincas lo difícil que es desarrollar un proyecto productivo rentable en este país. Me impresionó mucho el estado tan crítico de las vías terciarias, la escasa cobertura de servicios públicos y la poca infraestructura de canales y presas para sistemas de riego, factores que pesan mucho en la rentabilidad de los agronegocios.

En las Unidades Agrícolas Familiares, la situación es más complicada. La ausencia de las entidades pública y gremiales en materia de emprendimiento rural, transferencia tecnologías y conocimientos, control fitosanitario y crédito agropecuario, en total. En esta economía familiar campea la ineficiencia, la informalidad y la pobreza. De 10 campesinos que entrevisté, 9 me confesaron que nunca habían recibido una visita de un funcionario de la Umatas, ICA, Agrosavia, Finagro, Banco Agrario, la Agencia de Desarrollo Rural o la Agencia Nacional de Tierras. Hubo uno que me respondió que a ellos “hasta la muerte les llega tarde”.

Este es el ejercicio que deberían hacer los funcionarios públicos y el club de bibliotecarios del agro de Bogotá, que viven haciendo diagnósticos trasnochados y tratamientos demagógicos al agro. Cuando uno revisa los actuales instrumentos o programas de ayudas para el campo colombiano, encuentra que el 95% no llega a las fincas de estos pequeños y medianos productores del campo que trabajan a cielo abierto los 365 días del año. Son los únicos que no pararon de trabajar en esta sesentena.

Con este nuevo panorama fiscal, no nos queda otra alternativa que cambiar este ineficiente modelo paternalista de producción agropecuaria, donde más del 70% de los recursos del presupuesto público asignado al sector agropecuario se esfuma en manos de la burocracia y la corrupción. El agobiado sector rural está exigiendo soluciones de verdad, que bajen al productor del campo y que sean perdurables en el tiempo.

Se trata, en un lenguaje práctico y sencillo, tomar decisiones de fondo que garanticen en primer lugar, la seguridad jurídica de la tenencia de la propiedad rural. En inaudito que este país, de cada 100 productores del campo, 54 no tengan sus títulos al día. Las amnistías fiscales y jurídicas deben ser también para los pobres. En segundo lugar, destinar por menos el 30% del presupuesto de inversión en construcción de presas y canales, para fomentar la inversión en sistemas de riego en zonas de mayor sequía.

En tercer lugar, direccionar todos los subsidios e incentivos de tasa de interés, cobertura de precio y seguro agrícola, a productores del campo integrados a una cadena productiva, para promover la formalidad en el sector primario. En cuarto lugar, tercerizar la asistencia técnica a la agroindustria y el agrocomercio; y en quinto lugar, ampliar el sistema de crédito de redescuento Finagro, a los clúster agroindustriales con respaldo de garantía soberana del 80%.


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