¿Y el campo qué?

Acapara la atención el debate nacional sobre la renegociación de un nuevo acuerdo que no sea tan bueno para las Farc y el Gobierno, pero con el que la mayoría estemos “de acuerdo”.

En medio de ese debate, la opinión se concentra en el tema de la justicia transicional, importantísimo, sin duda, pero no menos que la recuperación del campo, que otra vez pasa a segundo plano porque, sencillamente, no preocupa a la gran opinión pública urbana.

Para las Farc, el problema rural fue bandera de negociación y exigencia prioritaria en la agenda. Para el Gobierno fue un comodín para entregar, porque “Las Farc necesitaban algo para mostrar...”, como afirmó el Presidente en un discurso de 2015.

La indiferencia por lo rural no es solo presidencial sino nacional. Por eso siento que el país –el del ‘Sí’ y el del ‘No’–, en su afán por un nuevo acuerdo, se conformaría con cambios sustanciales en la Jurisdicción para la Paz y en participación política, que son los temas trillados por los medios. Las Farc callarán, porque les conviene que su Reforma Rural quede intocada y sirva a sus objetivos de control territorial y político.

¿Y el campo qué? Por eso mi voz de alerta.

Si no se precisan los procesos para la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica, y para la expropiación administrativa por motivos de interés social o utilidad pública, las dificultades del Estado para completar tres millones de hectáreas a través de extinción judicial y recuperación de baldíos pondrán en riesgo la legítima propiedad de la tierra.

Si la Ley no despeja la contradicción sustancial de “la buena fe no exenta de culpa”, la restitución se convertirá, en muchos casos, en un nuevo despojo.

Si el catastro no se construye desde la capacidad de generación de ingresos de la tierra, como ordena la ley, el predial será una exacción para el productor.

Si no se precisan las condiciones de las Zonas de Reserva Campesina y su dependencia –sin autonomías– frente al ordenamiento territorial, administrativo y jurídico, se crearán repúblicas minifundistas, manipuladas políticamente y sin capacidad para salir de la pobreza.

Si unas políticas claras de veeduría ciudadana y asociatividad productiva no reemplazan la coadministración de “las comunidades” en la planeación y ejecución de la política pública, peligra la gobernabilidad local y se obstruyen las inversiones para el desarrollo. La difícil experiencia de la consulta previa se volverá institucional en el comunitarismo de la Reforma.

Si no se retoman las salvedades sobre producción empresarial e inversión privada, nacional e internacional, están en peligro la seguridad alimentaria y las oportunidades exportadoras del campo.

Si la Reforma Rural Integral pasa de agache en un nuevo acuerdo, será incierto el futuro de la vida rural y la producción agropecuaria.

@jflafaurie

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