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Por una falta disciplinaria cometida por Juan Pablo Díaz Granados mientras era alcalde de Santa Marta la Procuraduría decidió hacer efectiva la sanción en su contra consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de treinta días, en su condición de Alcalde del Distrito. Pero al haber cambiado su condición deberá pagar la suma de $5.927.188.00, suma que recoge los salarios devengados en el año 2008.
Según dice el decreto 2181 del siete de octubre y a través del cual se publica la sanción el Procurador Primero Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, mediante diligencia de audiencia especial del 30 de enero de 2012, en el proceso verbal adelantado contra el señor Juan Pablo Díaz Granados Pineda, en su condición de Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para el año de 2008, impuso sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuarenta y cinco días, convertida en salarios por un monto de $8.890.782.
“Que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante providencia del 18 de abril de 2013, aprobado en Acta de Sala ordinaria No. 18, dentro del expediente No. 161-5286 modificó el fallo radicado del 30 de enero de 2012 emitido por la Procuraduría Auxiliar para la Economía y la Hacienda Pública de la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de sancionarlo con suspensión en el ejercicio. del cargo por treinta días, convertida en salarios devengados en el año 2008, que ascienden a la suma de Cinco Millones Novecientos Veintisiete Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos Mil ($5.927.188.00) , por encontrarlo responsable disciplinariamente”.
“Que mediante oficio del 15 de agosto de 2013, dirigido al Presidente de la República, el señor Melquiades Escobar Álvarez, en calidad de Secretario de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública de la Procuraduría General de la Nación, remitió copia de las providencias de primera y segunda instancia, proferidas por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, para que se haga efectiva la sanción impuesta al señor Juan Pablo Díaz Granados Pineda”.
Finaliza diciendo “que según constancia secretarial del 06 de agosto de 2013, suscrita por el Secretario de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública de la Procuraduría General de la Nación, la decisión cobró ejecutoria el día 18 de abril de 2013, bajo el entendido que los efectos jurídicos se surten a partir del 17 de mayo del mismo año”.
