El presidente de Fenalco a nivel Nacional, Guillermo Botero, manifestó en su intervención del Congreso Nacional de Comerciantes que considera oportuno presentarle al gobierno nacional los problemas sectoriales que está causando la expedición del decreto 74 mediante el cual se crearon aranceles específicos a las confecciones y calzado.
"Para medir el fundamento y el impacto de esta medida, se contrató un estudio con la Universidad Sergio Arboleda, cuyos resultados son sorprendentes. La información recolectada de las estadísticas presentadas por el Dane, indica que, antes de diciembre de 2012, en el periodo 2.001 - 2.012, las ventas fueron crecientes, con excepción de 2.009, por el embargo de Venezuela al comercio con Colombia", dijo.
De igual manera manifestó que la situación en los últimos años para el sector de confecciones y calzado fue buena y evidencia que lo que ocurrió fue que no se invirtió lo necesario para afrontar la mayor demanda de estos productos, como consecuencia del crecimiento del ingreso per cápita de los colombianos, que se triplicó en los últimos 10 años. Por supuesto que esta deficiencia y falta de respuesta de la industria nacional, fue suplida por las importaciones.
El análisis de los meses posteriores a la decisión en el Triple A, es decir de enero a junio de este año, según cifras del Dane, muestra que los resultados han sido contrarios a lo propuesto.
La dramática caída en la producción durante el presente año muestra la inutilidad de la medida, ya que no es razonable pensar que una política comercial consistente en restringir radicalmente las importaciones pueda incentivar la producción nacional.
La creación de los aranceles específicos ha causado más desempleo, contrabando y la caída de la producción en el corto plazo.
"Es de esperar que los altos aranceles incentiven la proveeduría de terceros países con los que tenemos acuerdos comerciales como México, Brasil y Perú, entre otros, que además son aliados políticos y vecinos", puntualizó.
De igual manera señaló que en la medida en que se desarrollen estas proveedurías, dejarán el carácter de proveedores ocasionales y terminarán desplazando en forma permanente a un segmento de la industria nacional, que hoy se quiere proteger.
Adicionalmente, el flujo de caja de los compradores nacionales se está viendo fuertemente restringido por el pago de aranceles de productos que estaban contratados en el exterior hasta el primer semestre del año entrante, desmotivando las compras locales.
El dolor de cabeza de la chatarrización
Asimismo expresó que se ha venido sufriendo las consecuencias de la expedición de los decretos mediante los cuales se eliminó la matrícula de camiones nuevos, al suprimir la póliza de chatarrización.
Es así como de enero a julio de este año, han caído las ventas en un 43,32%, pasando de 20.530 unidades a 11.636 unidades, incluyendo dentro de estos a los de menos de 10.500 kg de peso bruto vehicular, que no están cobijados en la prohibición.
Uno de los dudosos argumentos esgrimidos por los camioneros, consiste en que en Colombia existe sobreoferta de vehículos de carga. Según publicación del Ministerio de Transporte, en los últimos diez años la carga aumentó un 102%, mientras que la capacidad de transporte lo hizo en apenas un 49%, generando lógicamente un incremento en los fletes.
Para solucionar las dificultades que está sufriendo el sector y velando por la economía y su competitividad, nos permitimos proponer:
1. Se permita matricular los vehículos importados antes de la expedición y vigencia de las normas comentadas que ascienden aproximadamente a 1.000 unidades y así no vulnerar la seguridad jurídica. Es injusto permitir la importación o producción de un vehículo que después no se pueda matricular.
2. Diseñar un sistema de "chatarrización" entre privados, en cabeza exclusiva de los concesionarios representantes directos de las marcas en el país y de los ensambladores. Consistiría específicamente en que ellos puedan matricular el vehículo nuevo y en un plazo limitado, entreguen el certificado de desintegración, previa la constitución de las garantías pertinentes. Estas empresas, además de Grandes Contribuyentes, han sido siempre cumplidoras de sus obligaciones con el Estado, lo cual garantiza el correcto funcionamiento de este proceso.
3. Se estima que por concepto de chatarrización, se ha recaudado aproximadamente un billón de pesos, los cuales deberían ser invertidos en el cumplimiento de los fines para los que fueron recaudados, es decir en procesos de desintegración de vehículos.
