Una vez más, Colombia, se ve sometida a la paralización de sus ciudades con la excusa de protestas sociales, esta vez por cuenta del gremio de taxistas.
Estas paralizaciones, que con mayor frecuencia se presentan, significan jornadas de pérdidas para distintos sectores sociales y productivos que luchan día a día por reactivar sus dinámicas.
La protesta es una actividad legitimada por la Constitución Política de Colombia, sin embargo, el ejercicio de ésta no puede ir en detrimento de las garantías de los derechos del resto de la sociedad.
Preocupa ver, como con el argumento de “la lucha social” o causas que, si bien pueden ser justas, son utilizadas por algunos sectores para amenazar y generar violencia en el país.
Bienvenidas las reivindicaciones sociales, la libertad de expresión y la manifestación, pero lo que no debemos aceptar ni la sociedad ni la institucionalidad colombiana, es la manipulación, la amenaza del terrorismo y mucho menos la siembra de la anarquía en el país.
Los colombianos exigimos garantías tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales, para salvaguardar la integridad y vida de quienes optamos por contribuirle a este país desde la construcción social, el respeto a lo ajeno y el apoyo a las autoridades democráticas legítimamente constituidas. Foto Ly Eric Amasifuen
