Doce hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la Dirección Seccional Antioquia y a otra funcionaria de un juzgado de Tarazá, mientras las víctimas se desplazaban en un vehículo particular en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia.
Frente a este hecho la Fiscalía General de la Nación comunicó que ante las declaraciones juradas de los fiscales que resultaron afectados por este hecho, se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias ‘Gonzalito’, máximo cabecilla del Clan del Golfo en la zona, quien actualmente tiene orden de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura, que pidió el Gobierno, fueran levantadas. Petición a la que no accedió la Fiscalía por no existir ningún marco constitucional para hacerlo.
Desde el momento que se conocieron los hechos se destacó un equipo de fiscales e investigadores quienes recolectaron evidencia técnica que permitió establecer la presencia del Clan del Golfo en la zona y se logró que un juez de control de garantías expidiera orden de captura contra alias ‘Gonzalito’ por el delito de secuestro agravado.
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Frente a estos hechos que afectan la seguridad de los servidores públicos de la Fiscalía en Tarazá, el ente investigador decidió, temporalmente, cerrar la sede de la Fiscalía en ese municipio y trasladar la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en este municipio.
Los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona.
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La Fiscalía citará a los funcionarios y autoridades de la Policía y Fuerzas Militares responsables de la seguridad en la zona, para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector.
