Escrito por:
Rony Barrera
El jurista asegura que, se hace necesario la cancelación de las órdenes de capturas incluyendo las solicitadas con fines de extradición.
El reconocido abogado samario, Alex Alberto Fernández Harding, fue designado como director jurídico que encabezará los diálogos socio-jurídicos con el gobierno nacional y que son coordinados por Oti Patiño, Alto Comisionado para la Paz y avalados por el presidente Gustavo Petro.
Las diligencias serán adelantadas con fundamento en la ley 2272 y la sentencia 525, ambas del 2023 que establece, la vigencia de la suspensión el Artículo quinto de las órdenes de para los negociadores incluso con fines de extradición con lo cual precisó con suficiencia y de acuerdo a la sentencia C-525 del 2023 está claramente establecido que la norma se encuentra vigente en el marco de Ley 418 del 2017 en su Artículo 188-22 constitucional, lo cual habilita para que los voceros y gestores dentro de ellos que tengan requerimiento de carácter judicial solo tiene la suspensión de las órdenes de capturas, incluso las que están relacionadas de acuerdo en el artículo 35 constitucional, artículo 511 de la ley 906 2004 refiriéndose así a las órdenes de captura con fines de extradición argumento que fue respaldado por el acto Comisionado para la Paz al considerar también serían suspendidos.
“Solicitaremos la libertad para varios de mis representados que se encuentran entre el listado de voceros dentro de la norma transicional para alcanzar la paz, y también participar en el proyecto de ley con una iniciativa a nombre de la Santa Marta en punto de crear un marco jurídico y establecer los beneficios para quienes se vinculen a la propuesta de paz y aparte del manejo de bienes y la devolución de bienes voluntariamente concurran al proceso de paz.
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Fernández, representa a Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, además de César Augusto Becerra, alias Camilo, y a John Rafael Salazar Salcedo que son los negociadores dentro de la actuación.
“Trabajaremos a unísono con el gobierno nacional para alcanzar el propósito más noble de la humanidad que es la paz para el departamento del Magdalena, en cada uno de los propósitos siempre bajo los criterios de legalidad”, argumentó el abogado.
Concluyó diciendo que, se adelantan gestiones ante el Ministerio de Justicia y consideró pertinente vincular Ángela María Buitrago, fiscal General de la Nación y a Iris Marín Ortiz, nueva Defensora del Pueblo y la Organización de Estados Americanos, y que viene adelantando gestiones internacionales a fin de que actúen como garantes entre las negociaciones de paz en región norte del país.
Con la sentencia C-525 de 2023 se declararon exequibles condicionadamente reglas sobre sometimiento a la justicia de las estructuras criminales organizadas de alto impacto, las cuales son expresiones de la política criminal del Estado en relación con tales estructuras.
