Un grave caso que pone en duda el funcionamiento del sistema judicial en Santa Marta se presentó este lunes festivo, cuando la esposa e hija del exdirector del Instituto de Recreación y Deporte de Santa Marta (Inred), Armando Otero, fueron amenazadas de muerte durante una discusión por un vehículo mal estacionado.
Según la denuncia de Otero, el incidente ocurrió cuando su esposa y su hija, una niña de corta edad, confrontaron al residente de un edificio sobre la posición del automóvil.
Durante la discusión, el hombre las amenazó con "sacar una pistola", lo que llevó a la familia a buscar protección en la Fiscalía.
Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando las víctimas intentaron ingresar a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para interponer una denuncia penal. Según Otero, se les negó el acceso con la excusa de que "es festivo".
"Tenemos un sistema judicial paquidérmico, cómplice de los asesinos y de los delincuentes. Las inspecciones de policía no hacen absolutamente nada, y la URI dice que no pueden hacer nada. ¡Por Dios! Hacemos un llamado a la Fiscal General de la Nación", expresó con impotencia Armando Otero.
Este caso ha generado indignación y reabre el debate sobre la eficacia y accesibilidad del sistema judicial, especialmente en momentos críticos donde la protección de los ciudadanos debería ser una prioridad.
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