El exjefe paramilitar colombiano saldrá libre tras revocación de medidas de aseguramiento.
En un giro inesperado en el proceso de paz en Colombia, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso está a punto de salir libre en las próximas horas, tras la revocación de 57 medidas de aseguramiento por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. La noticia ha generado reacciones encontradas, con expectativas de que su conocimiento y experiencia aporten a la paz total, pero también con dudas sobre la impunidad y la seguridad de las víctimas.
Salvatore Mancuso, conocido como "El Mono", fue uno de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar más grande y sanguinario del país. Bajo su mando, las AUC cometieron atroces crímenes contra la población civil, incluyendo masacres, desplazamientos forzados, secuestros y torturas.
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Tras pagar una pena de 16 años en Estados Unidos por narcotráfico, Mancuso regresó a Colombia en febrero de 2024, con la esperanza de contribuir a la paz total. El presidente Gustavo Petro lo nombró gestor de paz y lo invitó a la Casa de Nariño para discutir su posible participación en el proceso.
La decisión de revocar las medidas de aseguramiento a Mancuso ha generado controversia. Algunos sectores ven en su liberación una oportunidad para que aporte su conocimiento del conflicto armado y colabore con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
Sin embargo, otros sectores expresan preocupación por la posibilidad de que Mancuso no revele toda la verdad sobre su participación en crímenes de lesa humanidad y que su libertad genere un clima de impunidad y temor entre las víctimas.
Medidas para garantizar la seguridad y la no repetición:
Para mitigar estos riesgos, la justicia ha impuesto a Mancuso una serie de condiciones para su libertad condicional, como la prohibición de portar armas, la restricción de salir del país y la obligación de mantenerse alejado de las regiones donde operaron las AUC.
Además, se le ha asignado un esquema de seguridad para su protección y la de las víctimas. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) también ha reclamado competencias para llevar los procesos del paramilitar, considerándolo un agente bisagra entre el Estado y los paramilitares. La decisión final sobre su futuro judicial recae en la Corte Constitucional.
