Jorge Luis Ramírez Aragón, Brigadier General y quien se desempeña como director del Instituto Nacional Penitenciario, fue sancionado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta por un incidente de desacato, por el que deberá pagar cinco días de arrestos y una multa económica de un salario mínimo legal vigente.
Esta decisión fue tomada con base en el proceso judicial que adelanta la Personería distrital que ha documentado las condiciones de hacinamiento que se evidencia en la cárcel Rodrigo de Bastidas.
Consecuentemente el Ministerio público, ha denunciado las violaciones a la dignidad humana que se vive en la cárcel, en la que los reclusos se encuentran desprovistos de cualquier tipo de atención humana, psicológica y médica.
Según Chadán Rosado, personero distrital, esta orden ratifica el compromiso que tiene la institución por defender los derechos humanos, afirmando que “No es posible que tengamos un hacinamiento del 300% y que los ciudadanos que están privados de la libertad no cuenten con un sitio adecuado para cumplir la pena”.
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