Una reciente decisión de un panel de la Corte de Apelaciones de Washington podría generar un cambio fundamental en la dinámica judicial de los procesos de extraditados por narcotráfico a EE.UU. La decisión abre la puerta para que las víctimas de crímenes relacionados al narcotráfico en Colombia sean reconocidas en la justicia estadounidense.
El pronunciamiento de esta corte se dio en medio del caso contra Hernán Giraldo, el exparamilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta procesado por narcotráfico en una corte del Distrito de Columbia desde hace más de siete años. La Corte de Apelaciones le ordenó al juez Reggie Walton, que lleva el caso de Giraldo, “reconsiderar el dar pasos para reconocer a los peticionarios como víctimas, incluyendo para los propósitos de los procedimientos de sentencia” del acusado.
Como había reportado El Espectador en abril, tres colombianas han intentado desde hace más de siete años obtener el reconocimiento de la corte estadounidense como víctimas en el proceso bajo una figura conocida como la Ley de Derechos de las Víctimas de Crímenes. Se trata de la esposa y dos hijas de Julio Henríquez, un líder comunitario al que Giraldo supuestamente ordenó torturar, asesinar y desaparecer por su activismo para incentivar cultivos alternativos a la coca en la Sierra Nevada. Giraldo ya fue condenado en una corte en Colombia por el homicidio de Henríquez, un desmovilizado del M-19, y asumió su responsabilidad por cadena de mando ante un tribunal de Justicia y Paz.
Pero, argumentando que Giraldo aún no ha pagado las reparaciones ordenadas por la ley en Colombia, ni ha contado toda la verdad, la familia Henríquez ha seguido insistiendo, ahora en EE.UU., en que el delito de narcotráfico por el cual fue extraditado tiene relación directa con la muerte de su padre y esposo.
Giraldo apelará decisión
El representante de Giraldo, Robert Feitel, aseguró que su cliente apelará la decisión ante el pleno de la Corte de Apelaciones, pues “el primer grupo de jueces cometió un error en su análisis de la ley sobre este tema y no tenía conocimiento de todos los hechos”. Sin embargo, el hecho de que la decisión sea unánime hace poco probable que prospere una revisión de la Corte en pleno.
Por su lado, una de las representantes legales de las víctimas en EE.UU., Roxanna Altholz, dijo que la decisión de la corte es “el primer reconocimiento de la posibilidad de que víctimas colombianas de procesados por narcotráfico puedan participar ante la justicia estadounidense”.
Aunque la Corte de Apelaciones ordena al juez Walton “reconsiderar” su decisión, los argumentos en la sentencia le dejan poco margen de maniobra para negar el estatus de víctima a la familia Henríquez, según expertos consultados. “No veo cómo Walton pueda decir que no”, dice Manuel Retureta, un abogado que ha llevado varios casos de paramilitares y narcotraficantes colombianos, incluyendo el de Juan Carlos El Tuso Sierra y Salvatore Mancuso. Para Retureta, la sentencia “le dice al juez: hemos analizado uno a uno los argumentos que usted dio para negar el acceso como víctimas, y los hemos descalificado”.
El juez Walton había negado en agosto pasado el reconocimiento de víctimas a la familia Henríquez, que está siendo asesorada por abogados estadounidenses. En su decisión, Walton argumentó, entre otras razones, que los hechos por los que Giraldo se había declarado culpable en EE.UU. no “hacían referencia al uso de la fuerza o la violencia por parte del defendido en la comisión de los delitos bajo juicio”. En efecto, el pliego de cargos negociado entre la Fiscalía de EE.UU. y Giraldo describe su actividad ligada al narcotráfico como un “cobrador de impuestos” a otros narcotraficantes que producían y exportaban cocaína en la zona de influencia del bloque Tayrona de las Auc. El perfil que habían ofrecido la defensa y la Fiscalía de Giraldo hizo que el sistema judicial lo describiera como “un defendido criado en la pobreza y sin pasado judicial”, como consta en un documento elaborado en la Oficina de Libertad Condicional, una dependencia que ofrece una recomendación del nivel de sentencia de cada acusado a partir de los documentos aportados durante el juicio.
